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SEVILLA.
Martes, 1 de mayo 2018, 00:02
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El sistema de concesión de ayudas de los ERE «era conocido» por el Gobierno andaluz. Así lo ratificó ayer un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante el tribunal que enjuicia a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por crear y mantener un procedimiento con el que se repartieron 741 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas de manera arbitraria y al margen de los controles. Unas prejubilaciones que, según detalló, se concedían «por afinidad familiar, política o de amistad» a personas que luego se comprobó que eran intrusos.
El comandante de la UCO, que elaboró un atestado policial sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, apuntó que, desde su perspectiva policial, sí se produjo menoscabo de dinero público al haber «daño real y efectivo a fondos públicos».
Citado en calidad de testigo, explicó, además, cómo se llegó a la conclusión de que el sistema era conocido por el Consejo de Gobierno. Fue a partir del análisis de las manifestaciones del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y del consejero de Empleo, Antonio Fernández, y del estudio de los informes de Intervención así como de las fichas y modificaciones presupuestarias.
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