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M. EUGENIA ALONSO
Jueves, 6 de septiembre 2018, 00:03
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MADRID. El Gobierno habilitará una partida urgente de 40 millones de euros para atender a los menores extranjeros que llegan solos a las costas españolas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, además de tratar de mejorar la situación de estos niños y adolescentes, pretende animar a las comunidades, cuyos servicios sociales no están desbordados, para que se ofrezcan solidariamente a acoger a estos menores.
La titular de Sanidad, Carmen Montón, avanzó ayer durante la conferencia sectorial de migración que la dotación económica se hará a través de un real decreto «con una vigencia de seis meses», mientras se aprueban los Presupuestos Generales de 2019.
La distribución de fondos se hará de forma proporcional entre los gobiernos autonómicos, en función del incremento de menores inmigrantes acogidos que haya registrado cada uno desde diciembre de 2017. Esta fórmula permite, por un lado, compensar financieramente a las comunidades que soportan mayor presión -Andalucía y las ciudades de Ceuta y Melilla- y, por otro, incentivar al resto a asumir más responsabilidades.
El Gobierno abrirá ahora un plazo de quince días para aquellas comunidades que quieran participar en el reparto solidario y, una vez cerrada la acogida y fijado el número de menores por cada autonomía, se procederá a la distribución de los fondos que se realizará mediante un anticipo de crédito, que después cada gobierno tendrá que justificar.
Según las cifras que maneja el Ejecutivo socialista, son más de 10.000 los niños y adolescentes migrantes que están tutelados por las administraciones, lo que supone un 30% más que hace casi cuatro meses, cuando el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy los cifró en 6.248. Andalucía está al frente con el 40%. Sólo este año han sido atendidos 4.098 menores llegados a las costas andaluzas en pateras sin acompañamiento, para los que la Junta ha destinado 45 millones de euros.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María Sánchez Rubio, aseguró ayer que aunque los 40 millones no servirán para financiar todo el sistema, sí lo harán para cubrir aquellos gastos adicionales derivados de la reciente presión migratoria. En la reunión no se llegó a valorar la propuesta del Ejecutivo de Susana Díaz para que los menores de origen marroquí sean devueltos a su país.
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