Gobierno y Junta colaboran en la exhumación de la fosa en la que podría estar Blas Infante

Los expertos advierten de que la localización de sus restos no es segura, ya que la fosa, más amplia de los previsto en principio, acoge al menos 1.103 personas víctimas de la represión desde el alzamiento en julio hasta el 31 de agosto de 1936, entre ellas concejales de la corporación sevillana, alcaldes de pueblos de la provincia e incluso diputados, según el historiador José Díaz Arriaza. En las primeras catas han sido descubiertos restos de seis personas y en dos de ellas había impacto de proyectiles. Ya han sido recogidas muestras de ADN de ochenta familiares de represaliados enterradas en Pico Reja y este mes se realizará otro muestreo con otras 75.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, informó ayer de un acuerdo «inminente» del Ayuntamiento con el Gobierno central y la Junta de Andalucía para proseguir los trabajos en Pico Reja, presupuestados con un coste de 1,2 millones de euros. Se trata de una de las primeras colaboraciones de las tres administraciones después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido reactivar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Juan Espadas informó del acuerdo entre ambas administraciones en una visita a las fosas acompañado del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el director general de la Memoria Histórica del Gobierno, el almeriense Fernando Martínez, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para hacer «visible» esa colaboración.

Martínez anunció un plan de exhumaciones con la creación de un banco de ADN para un censo nacional de víctimas y un mapa de fosas. Se calcula que en España hay unas 3.000 fosas, la mayoría en cementerios como el de San Fernando, y 142.000 desaparecidos en ellas «cuyas familias no tienen a dónde llevarles flores», según expresó Gómez de Celis. La imagen institucional de las autoridades contrastaba con las de varios integrantes de asociaciones como Unidad Cívica por la República portando banderas republicanas y apelando a los «82 años de olvido». Al acto también acudieron familiares de los represaliados.

Jiménez Barrios recordó la «soledad» en la que ha estado trabajando la Junta los últimos siete años, algo que reconoció Fernando Martínez, elogiando a la administración andaluza como «ejemplo de lo que hay que hacer en políticas de memoria». Jiménez Barrios subrayó el rigor científico en las excavaciones, dirigidas por arqueólogos y antropólogos y anunció la constitución hoy del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática en cumplimiento de la ley aprobada hace un año. También puso en valor la valentía de los ayuntamientos en esta iniciativa y recordó el acuerdo firmado con la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) para asesorar a concejales que lleven esta materia en las corporaciones locales.

Las exhumaciones son difíciles, a largo plazo y no siempre con resultados satisfactorios. Muchas de las fosas contienen no solo cuerpos de represaliados del franquismo, sino también inhumaciones normalizadas. Díaz Arriaza puso de ejemplo la fosa de Monumento, con 7.440 cadáveres enterrados desde septiembre de 1936 a enero de 1940, en los que se calcula unas 3.000 personas represaliadas por ejecuciones o fallecidas por enfermedades o hambre en las cárceles de Sevilla.