El Gobierno da curso a la ley que prohíbe las narcolanchas

Una narcolancha incautada en Cádiz. /EFE
Una narcolancha incautada en Cádiz. / EFE

La norma, anunciada en su día por Zoido, ha sido impulsada por Montero al llegar al Ministerio de Hacienda

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSASecilla

Hace pocos días los bañistas de la playa de Sabinillas en Manilva observaron asombrados cómo un helicóptero de la Guardia Civil perseguía a una narcolancha encargada de proporcionar combustible a otras dedicadas al tráfico de fardos de hachís en el Estrecho. Ocurrió a plena luz del día, pero a los narcos parecía importarles poco convencidos que con la velocidad de sus embarcaciones era difícil que se les alcanzara. Eso ya no será tan fácil que ocurra. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a la tramitación del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Represión del Contrabando que prohibirá el uso privado de las narcolanchas, embarcaciones de alta velocidad que se han convertido en un problema para desactivar el narcotráfico en las costas de Cádiz.

Esta norma ya fue anunciada por el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, pero ha sido la también andaluza María Jesús Montero quien ha impulsado su aprobación tras llegar al Ministerio de Hacienda, ya que de este depende el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Mediante la iniciativa legislativa se penalizará el uso privado de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad (RHIBS). Son el tipo de barco que los traficantes de hachís procedente de Marruecos y de tabaco de Gibraltar utilizan para escapar y no ser alcanzados por las lanchas de la Guardia Civil y de la policía del Servicio de Aduanas. Además, la alta velocidad que alcanzan permite a los narcos cruzar el Estrecho de forma rápida y adentrarse bien por el río Guadalquivir o arribar a otras playas de Cádiz para dejar el alijo de droga y regresar en poco tiempo a Marruecos.

En la actualidad a las fuerzas policiales les resulta muy difícil actuar contra las narcolanchas salvo que las sorprendan con la mercancía de contrabando dentro. Con esta norma, los agentes podrán incautar estas embarcaciones aunque no tengan carga ilícita si responden a una determinada características técnicas, que la modificación legal recoge. La norma afecta a las embarcaciones de más de ocho metros de eslora o las de longitud inferior con una potencia máxima o igual a 150 kilovatios; también están afectadas cualquier otra lancha sobre la que se sospeche que pueda ser utilizada para el narcotráfico.

La ley exceptúa las embarcaciones con tales características adscritas a la defensa nacional, los buques de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas. Habrá también exceptuaciones para otro tipo de barcos previa autorización. Para garantizar su control se creará un registro de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, ubicado en el Ministerio de Hacienda y sujeto a inspecciones.

Una vez aprobada la ley, habrá un plazo de 6 meses para la regularización de las embarcaciones semirrígidas y autorización de su uso si este es pertinente.

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