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Jueves, 24 de septiembre 2020, 00:01
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La Fiscalía Superior de Andalucía ha admitido a trámite y abierto diligencias de investigación sobre la denuncia por la vía penal de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que defiende la sanidad pública, por la contratación urgente de 159 funcionarios interinos de la Junta, que excluye a embarazadas y a mayores de 60 años.
Con el decreto de apertura de investigación penal, con fecha de 16 de septiembre, la Fiscalía admite así a trámite la denuncia presentada por la coordinadora contra el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a quien Mareas Blancas atribuye un posible delito de prevaricación por un proceso que incurre en una «contradicción flagrante» porque se hizo, según este colectivo, «al amparo de la crisis sanitaria originada por la pandemia», informa Efe. «Y, sin embargo, en el perfil de todas estas contrataciones no aparecen para nada profesionales o trabajadores del sector de la salud», agregaba la coordinadora en su denuncia.
Para los denunciantes, la convocatoria de la Junta, «realizada de manera urgente, mediante un procedimiento de envío de solicitud por correo electrónico en un plazo de 24 horas, sin incluir siquiera currículum, vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad que exige la legislación estatal recogida en el Estatuto del Empleado Público».
La Junta de Andalucía aseguró ayer que el proceso de contratación de emergencia de personal funcionario interino y personal laboral temporal es «plenamente legal». En un comunicado, la Junta asegura que el modelo de nombramiento de personal funcionario interino y de contratación de personal laboral temporal ha sido negociado con las organizaciones sindicales, tanto en Mesa General, como en Mesa Sectorial y en Comisión de Convenio y ha detallado que la bases y sus normas solo resultan de aplicación para los nombramientos de personal funcionario interino y las contrataciones de personal laboral temporal de emergencia para hacer frente a la Covid, «no siendo aplicables, por tanto, para el resto de las situaciones, en las que se seguirá la tramitación ordinaria». Insiste la Junta en que «todas las contrataciones son temporales» y que se trata de contratos de tres, cuatro o cinco meses excluyendo aquellas contrataciones financiadas con Fondos Europeos.
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