La familia de Utrera Molina demanda a Teresa Rodríguez por un tuit y le reclama 10.000 euros

La familia de Utrera Molina demanda a Teresa Rodríguez por un tuit y le reclama 10.000 euros

Los hijos del ministro franquista alegan que llamarle «asesino» por la sentencia a garrote vil de Salvador Puig Antich atenta contra su honor

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La familia del que fuera ministro franquista José Utrera Molina, fallecido hace un año, ha demandado por la vía civil a la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, por un tuit en el que le atribuye responsabilidad por la condena y ejecución de la pena de muerte a garrote vil del anarquista catalán Salvador Puig Antich en 1974, el último ajusticiado por este sistema en la dictadura.

Al celebrarse el pasado día 2 de marzo el aniversario de la ejecución, Teresa Rodríguez recordó el hecho con el siguiente mensaje en Twitter: «Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato, Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado al son del 'Cara al Sol' por miembros del mismo partido. Ellos siguen. Nosotros, también». Otros políticos como el diputado de ERC Gabriel Rufián y el exdirigente de Podemos en Toledo Alfredo Díaz-Cardiel también tuitearon mensajes parecidos en sus respectivas cuentas.

A todos ellos, los ocho hijos de Utrera Molina, suegro del exministro Alberto Ruiz Gallardón, les reclama una indemnización de 10.000 euros y que borren los tuits al considerarlos una intromisión ilegítima del derecho al honor y la imagen del político franquista nacido en Málaga.

«Obviamente las publicaciones de estos tuits y, más aún, con la difusión que tienen a día de hoy las redes sociales, han perjudicado y perjudican gravemente la imagen, el honor y el buen nombre del padre de los demandantes», argumentan los hijos en el escrito de demanda. Teresa Rodríguez respondió que sería un «nefasto precedente» que fuera condenada por ejercer su libertad de expresión política siendo como es una representante en el Parlamento andaluz. «Mi principal preocupación es que se traslade un mensaje a la sociedad de que hay que tener miedo de criticar al régimen franquista y condenarlo», sostiene la dirigente de Podemos, quien en su escrito de defensa se reafirma en que Utrera Molina fue responsable político del «asesinato» de un luchador contra la dictadura de Franco y que firmó la negativa al indulto.

Puig Antich fue ejecutado a garrote vil a la edad de 23 años después de que un consejo de guerra le condenara a muerte por el homicidio del policía Francisco Anguas, de 24 años. Este murió en un tiroteo en la detención en Barcelona de Puig Antich, que también resultó herido y que iba armado. La investigación le atribuyó los disparos que mataron al policía. Su activismo contra la dictadura en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) incluyó atracos a bancos. Su ejecución en las postrimerías del franquismo tuvo un gran eco internacional. La transición lo consideró un héroe de la lucha contra la dictadura de Franco y su historia fue tema de canciones, películas y obras de teatro. En marzo de 2016 el Ayuntamiento de Barcelona inauguró una plaza con su nombre en la ciudad.

En la demanda de la familia Utrera Molina, presentada en un juzgado de primera instancia de Madrid y a la que ha tenido acceso este periódico, se dice que es «público y notorio» que Utrera Molina «mantuvo hasta el final sus convicciones políticas falangistas y su lealtad al régimen político en el que sirvió a España desde distintos puestos de gobierno». En su entierro en Nerja el pasado año hubo cánticos del 'Cara al Sol', por los que hubo una investigación en aplicación de la ley de Memoria Histórica.

Los hijos aluden a que Utrera Molina recibió en vida numerosas críticas por su posición política, si bien entienden que entraban dentro del derecho a la libertad de expresión. Algo que no estiman que ocurre con los tuits de Teresa Rodríguez y los otros dos demandados al considerar que propagan en la red social «falsas acusaciones», «distorsión de la realidad» e «insidias difamantes» del ministro franquista. Consideran que es «absolutamente falso» que Utrera Molina hubiera condenado a muerte a Puig Antich o participado de su «asesinato» «basándose para ello en el único hecho» de ser «miembro del Consejo de Ministros del reino de España al tiempo que se produjera el procesamiento, sentencia judicial y ejecución de la pena de muerte de Salvador Puig Antich».

Carecía de competencias

El escrito argumenta que Utrera Molina «carecía de competencias, tanto para enjuiciar delito alguno como para ordenar o impedir la ejecución de la pena impuesta por los tribunales de justicia del momento». Prosigue, tras relatar los hechos, que la condena del tribunal militar que juzgó a Salvador Puig Antich, era obligado, según la ley del momento, que pasara por el Consejo de Ministros para darse por «enterado». Un trámite, aduce la demanda, que no se trataba de un acto administrativo «discrecional», sino «de un acto reglado u obligado», por lo que el Consejo de Ministros no podía «denegar el 'enterado'». Solo el jefe del Estado, Francisco Franco, según la ley entonces, podía conmutar la pena, añade. «El señor Utrera Molina, ni era juez, ni formaba parte del Tribunal que enjuició y condenó a muerte a Salvador Puig Antich, ni tampoco del Consejo Supremo de Justicia Militar que confirmó la sentencia, ni era jefe del Estado, por lo que tampoco tenía la prerrogativa de gracia o indulto».

Algo que la defensa de Teresa Rodríguez rebate en otro escrito, al que también ha tenido acceso este periódico. En este se dice que la intención de la diputada andaluza de Podemos en su tuit es realizar «una crítica política». «En contra de lo que de manera falaz reitera la demanda, en ningún caso se dice que el padre de los demandantes firmara la condena a muerte, que ordenara su ejecución ni que lo asesinara él mismo». «Tampoco -añade- se incluye ningún insulto contra la persona de don José Utrera Molina». «Lo que se le atribuye –prosigue la defensa– es una responsabilidad política en dicha ejecución, producto de su participación destacada como ministro-secretario general del Movimiento, en el Gobierno, y en el régimen dictatorial del general Franco».

Argumenta que en su calidad de miembro del Consejo de Ministros que vio la sentencia, Utrera Molina «no mostró su oposición a la citada condena a muerte, siendo corresponsable políticamente, por tanto, de dicha decisión». Añade que todos los decretos con indultos de aquellos años publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «señalan que la decisión se ha adoptado de común acuerdo entre el jefe del Estado y los miembros del Gobierno. Aparecen con la firma del presidente del Gobierno».

Pero además en el caso de Puig Antich, la negativa a conceder la gracia, que se presentaba bajo la forma de «enterado de la sentencia», la «firmó el propio José Utrera Molina, tal como ha reconocido personalmente en diversas entrevistas públicas». «Por tanto, además de su participación directa como alto dirigente de la dictadura fascista, el padre de los demandantes negó personalmente la Gracia a Salvador Puig Antich, ratificando su condena a muerte». «El 'enterado' era la denegación del indulto y, por tanto, suponía la ejecución de la pena de muerte. De ese modo, además de responsable político del funcionamiento del régimen, fue directamente responsable de esa muerte concreta», apostilla el escrito de la defensa de Teresa Rodríguez, asesorada en este asunto por el profesor sevillano de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías.

Este periódico se puso en contacto con la familia de Utrera Molina, que ha declinado comentar la demanda. «Lo más respetuoso es ventilar los pleitos en los tribunales y no en los medios de comunicación ni en la calle», manifestó Luis Utrera, uno de los hijos. Solo quiso puntualizar como justificación de la demanda civil lo siguiente: «Estos señores se olvidan de que no se puede llamar impunemente asesino a un padre sin que los hijos no hagan algo para defender su honor».

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