Educación ampliará a las empresas locales la gestión de los comedores escolares

Bandejas de comida en un centro escolar. /Archivo
Bandejas de comida en un centro escolar. / Archivo

El plan de la Consejería es que el 65 por ciento de los centros educativos andaluces oferten este servicio complementario

EFE SEVILLA.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, avanzó ayer cambios en la contratación para facilitar que pequeñas empresas locales accedan a la gestión de comedores escolares, servicio que el próximo curso ofertarán 1.938 colegios y que beneficiará a unos 200.000 alumnos.

Con estos datos, el 65 % de los centros educativos andaluces ofertarán este servicio complementario, según Imbroda, que subrayó que «la gran apuesta» de este nuevo Gobierno es aumentar de forma progresiva, pero «imparable» el número de comedores hasta que todos los centros escolares lo tengan.

Respecto al funcionamiento del servicio de comedor, el consejero aseguró que funcionan «razonablemente bien», aunque admitió que hay críticas puntuales y demandas concretas, por lo que agregó que no pueden «mirar para otro lado, ni eludir los asuntos».

Incumplimientos

Imbroda señaló que, si se detectan incumplimientos por parte de las empresas que prestan el servicio, se aplicarán las penalizaciones previstas en los pliegos de contratación y se asegura el buen funcionamiento del comedor. «Nuestra hoja de ruta es clara: prevención, control y determinación», aseveró el consejero de Educación.

Según esgrimió en el Parlamento andaluz, el precio público del comedor es de 4,38 euros por día, coste que se mantiene invariable desde el año 2009.

Sobre esta cuantía, y en función de la renta familiar, se aplican descuentos de entre el 10 % y el 100 % del precio total, de hecho, en torno al 42 % del alumnado beneficiario tiene gratuidad total y el 29 % algún tipo de bonificación.

Están exentos de pago los alumnos y alumnas que tienen que salir fuera de su localidad de residencia para asistir a su centro docente, así como aquellos que, por motivos familiares, se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, incluidos los hijos de mujeres víctimas de violencia de género y las familias monoparentales.