El Defensor entra en funciones

Jesús Maeztu se suma así a la provisionalidad de otros responsables de órganos de extracción parlamentaria esta legislatura

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El titular de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, entró en funciones el pasado día 20 al cumplirse los cinco años de su mandato. Aún sin despejar si está dispuesto a seguir o no, la principal dificultad de Maeztu no es deshojar la margarita sobre su futuro, sino prolongarse de forma indefinida en el cargo en funciones. Maeztu se suma a otros responsables de órganos de extracción parlamentaria cuya renovación lleva años paralizada por la falta de acuerdo de los grupos del Parlamento. El caso de la RTVA es el más conocido. Su consejo de administración lleva cuatro años con el mandato cumplido y al frente de Canal Sur se encuentra Joaquín Durán con una responsabilidad provisional como subdirector general con funciones de director general que dura cinco años.

En la misma circunstancia se encuentran la Cámara de Cuentas y el Consejo Audiovisual. En todos han expirado plazos para la renovación. En la Cámara debieron sustituirse tres de sus siete miembros de la sala de gobierno, mientras que el mandato del Consejo Audiovisual de Andalucía también expiró hace dos años. Todos siguen bloqueados por falta de acuerdo de los partidos, en especial PSOE y PP, sin cuyo consenso es difícil la suma de los votos necesarios.

Falta de acuerdo

Esta falta de acuerdo ha producido por primera vez en la autonomía una anomalía democrática, pues tres años después de entrar en el Parlamento andaluz los partidos Podemos y Ciudadanos, estos siguen sin representantes en los órganos de gobierno y de decisión de las entidades o instituciones públicas mencionadas. En ellas solo hay miembros elegidos a propuesta de PSOE, PP e Izquierda Unida. Igual ocurre en la Oficina del Defensor, con tres adjuntos nombrados a dedo por PSOE, PP e IU en su día. Estos son, respectivamente, María Juana Pérez Oller, Jaime Bretón y Luis Pizarro Fernández. Este último es el más antiguo de los adjuntos.

Los partidos no han llegado a ningún entendimiento sobre la Oficina del Defensor, pero sí han puesto en la mesa peticiones, aunque dadas las discrepancias parecen propuestas para el disenso. PSOE y Ciudadanos son partidarios de suprimir las adjuntías, a lo que se oponen PP e Izquierda Unida. Cs había propuesto que se nombrara un cuarto adjunto sobre violencia machista, pero ahora dice estar conforme con que se supriman todos los adjuntos, a lo que se oponen PP e IU, que consideran que cumplen su función y descargan el trabajo del Defensor. Podemos no se pronuncia.

Se trata de una discusión repetida sobre los otros órganos que se votan en el Parlamento. En el caso de la RTVA y el Consejo Audiovisual la discusión se centró durante tres años en la reducción de consejeros. PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre ello, pese a que en la actualidad hay menos de los 15 oficiales en el consejo de administración de la RTVA al no poder reponerse las bajas producidas. Igual ocurre en el Audiovisual. Los socialistas se muestran partidarios además de renovar a Maeztu, pese a contar este con 74 años camino de los 75. El mandato sería por otros cinco años. Maeztu no ha aclarado si quiere seguir o no. «Cuando el Parlamento diga si va a renovar, a quién propone y si se mantienen o no los adjuntos, diré si estoy dispuesto o no. Estoy a resultas de lo que diga la Cámara», manifestó. Maeztu, elegido por consenso de PSOE, PP e IU, en junio de 2013, necesita también el respaldo de una mayoría reforzada, tres quintas partes del Parlamento en primera instancia. Es el mismo requisito que para la RTVA.

Durante tres años de la legislatura actual los partidos se han mostrado ambiciosos para modificar las estructuras de las instituciones citadas y que estas sean más transparentes y con mayor capacidad de decisión. Los partidos de la oposición, desde PP a Podemos, Cs e IU, han presentado reformas de la RTVA y la Cámara de Cuentas o el Defensor sin ponerse de acuerdo. Todos ellos, sin embargo, han sido incapaces para simplemente consensuar los nombres de las personas que sustituyan a las que sus mandatos han expirado según la actual legislación. Ahora se suma el Defensor.

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