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EFE
SEVILLA.
Martes, 11 de diciembre 2018, 00:06
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La defensa del exinterventor de la Junta Manuel Gómez ha asegurado que las irregularidades que este advirtió en las ayudas de los ERE era algo «conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno» y ha afeado que usen a la Intervención como «un clavo ardiendo» para «eludir sus responsabilidades».
El abogado José Rebollo representa a Gómez, que afronta seis años de cárcel y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz, y que emitió numerosos informes en los que «advirtió a quien tenía poder decisorio del riesgo que entrañaba el sistema implantado» para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que daba la Consejería de Empleo y abonaba la empresa pública IDEA.
Precisamente, que en esos informes el interventor no hablara de ilegalidades ni emitiera un informe de actuación que instara a parar las ayudas es la base de la «estrategia de defensa a la desesperada», según Rebollo, del expresidente José Antonio Griñán, los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) o Francisco Vallejo (Innovación).
Pero en su informe final, la defensa del exinterventor ha dejado claro que «el consejero de Empleo pudo dictar instrucciones a la Dirección General de Trabajo para que no tramitara transferencias de financiación» a IFA/IDEA para pagar las ayudas y «ordenar la rescisión de los convenios suscritos con IFA».
Mientras «el consejero de Hacienda pudo impartir instrucciones al ordenador del pago» (la Tesorería) para que no se mandaran los fondos a IDEA y «el consejero de Innovación pudo impartir instrucciones a IFA para rescindir los convenios» con Empleo y dejar de pagar las ayudas que daba el director general de Trabajo.
Y es que «año a año» los informes de la Intervención alertaban del «uso inadecuado de las transferencias de financiación, con su ineludible consecuencia de elusión de la fiscalización previa del gasto público efectivo» y ello «era conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía», según la defensa de Manuel Gómez.
Por eso, su abogado ve «inconcebible» e «incongruente» que sea acusado de prevaricación y malversación «quien avisó de irregularidades en el sistema establecido».
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