Las compañías de agua, luz, gas y móviles deberán tener una oficina de atención presencial en cada provincia

Marina Álvarez, en la presentación ayer de la ley para solucionar conflictos de consumo./R. Caro. EFE
Marina Álvarez, en la presentación ayer de la ley para solucionar conflictos de consumo. / R. Caro. EFE

La nueva ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo reforzará las obligaciones de las empresas con los clientes

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El pasado 2017, la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía recibió 1.643 solicitudes de arbitraje, un 8,5 % más que el año anterior y relacionadas en un 47 % con conflictos en materia de telecomunicaciones y en un 43 % con la electricidad y el gas. Muchas de estas peticiones hubieran podido ser solucionadas por las propias compañías si estas no tuvieran como principal interlocutor con los usuarios un operador o un contestador telefónico que enreda al usuario con el marque usted el uno, el dos... El Gobierno andaluz dio ayer luz verde al anteproyecto de Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo. Se trata de una norma que adapta la estatal y la europea al ámbito regional, si bien amplía estas con un modelo de gestión para que la resolución de conflictos entre empresas y consumidores sea «ágil, sencilla, transparente, de calidad y gratuita», según explicó la consejera de Salud y Consumo, Marina Álvarez.

Con el fin de evitar cuantos más litigios mejor, el texto, al que la Junta incorpora aportaciones de los agentes sociales, ofrece como principal novedad la obligatoriedad de servicios de atención al cliente gratuitos, personalizados y con carácter no comercial en empresas con plantillas superiores a cien empleados.

La norma incluye la obligatoriedad de que las grandes compañías de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, transportes, servicios financieros y seguros dispongan de, al menos, una oficina de atención presencial en cada provincia andaluza. Estas empresas también deberán atender las incidencias durante 24 horas al día los 365 días del año y con una primera respuesta en no más de tres horas. Están obligadas a atender a sus clientes por teléfono a través de un número gratuito.

Todas las grandes superficies minoristas deberán poner a disposición de los consumidores puntos informativos en los que puedan conectar con la plataforma multicanal 'Salud Responde'. Se trata de una medida calificada en el texto de preventiva e informativa para evitar conflictos. La citada plataforma andaluza fue pionera en España y cada año atiende a unas 50.000 consultas, explicó la consejera.

En Andalucía hay 4.035 empresas adheridas al Sistema Andaluz de Arbitraje para la resolución de conflictos con los consumidores antes de acudir a los juzgados. El compromiso es de un plazo de tres meses para la solución. La futura ley prevé la creación de un nuevo órgano con este cometido, el Consejo Andaluz de Mediación y Arbitraje de Consumo. Habrá también una Red Andaluza de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, con personas y entidades públicas y privadas comprometidas para la solución alternativa de los litigios.

El Servicio Público de Mediación en Andalucía se mejora con la colaboración de las organizaciones. También se creará el Censo de Personas Mediadoras y el Registro de Entidades Mediadoras de Andalucía.

La Junta prevé recaudar 1.800 millones del fraude fiscal

La Junta de Andalucía prevé recaudar 9.000 millones de euros hasta el año 2021, de los que alrededor de un 20% se debería a la aplicación del Plan Especial de Lucha contra el Fraude Fiscal, es decir, unos 1.800 millones de euros. Este plan fue presentado ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, al Consejo de Gobierno, que aprobó también el tercer contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) para los tres próximos años.

La recaudación prevista en la lucha contra el fraude fiscal es levemente superior a lo recepcionado entre 2014 y 2017, algo más de 1.700 millones de euros de los 8.792 millones de euros recaudados. El nuevo plan contra el fraude se limita al presente ejercicio y 2019. En el control tributario se seguirá colaborando con la Agencia Estatal para supervisar la correcta aplicación de los beneficios fiscales. La Junta renovará convenios con los colegios de notarios y los gestores administrativos para el intercambio telemático de información y documentos.

El Consejo de Gobierno tuvo conocimiento de la puesta en marcha del nuevo Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, al que destinará 30 millones de euros en dos años con becas de 430 euros mensuales para 10.000 desempleados.

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