Carnero insiste en no desgranar los datos de la tarjeta del prostíbulo «porque la ley lo impide»

Carnero insiste en no desgranar los datos de la tarjeta del prostíbulo «porque la ley lo impide»
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Podemos respaldará la propuesta del PP para que el Parlamento cree una comisión de investigación sobre la noche de farra en 2010

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La comparecencia del consejero de Empleo, Javier Carnero, ayer en la comisión del Parlamento de su área era esperada con expectación por la polémica de la tarjeta de la Junta que un directivo de la antigua y extinta Fundación andaluza para la formación y el empleo (Faffe) utilizó en un club de alterne o prostíbulo de Sevilla cargando en una noche varios pagos hasta 14. 737 euros, aunque a los dos días los repuso en metálico en el mismo club. El PP acusó a Carnero de ocultar, cuando compareció en comisión parlamentaria el pasado 12 de junio, la confirmación bancaria de los movimientos en la tarjeta de la Junta que corroboraban las sospechas de que la noche del 22 de marzo de 2010 el exdirectivo Fernando Villén, junto a otras personas sin identificar con las que se fue de farra, llegó a utilizarla. Carnero tuvo los datos en su mesa dos semanas antes y los envió al juzgado entre el 24 de mayo y el 1 de junio.

Antecedentes

El consejero negó ayer que ocultara los datos, pero en un nuevo rifirrafe con la portavoz del PP Teresa Ruiz-Sillero, insistió en no desgranar aquellos «porque la ley lo impide». Hasta tal punto se cerró en banda que Ruíz-Sillero le avisó de estar perdiendo «una gran oportunidad» de rectificar el silencio de junio. Aún así fue más explícito que entonces y llegó a afirmar: «Si se demuestra (el pago en el club de alterne), me parece deleznable, lamentable; no tiene nombre, no hay calificativo si ese gasto se ha hecho de esa manera, pero yo no soy investigador privado».

«El detalle de los extractos de la tarjeta es reservado según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario serán reservadas hasta que se abra el juicio oral», insistió el consejero, además de advertir al PP que quien revelara indebidamente el contenido del sumario «será corregido con multas de 500 a 10.000 euros». Otras fuentes aseguran que la prohibición es para la información que las partes personadas en un pleito reciben de los juzgados, no de la que aquellas remiten a estos.

«Este consejero no ha ocultado información, ha sido la Junta quien ha trasladado (los extractos de la tarjeta) al juzgado por los cauces necesarios y ya dije en mi anterior comparecencia que había sido entregada absolutamente toda la documentación, pero las diligencias son reservadas», remarcó.

Carnero sí explicó esta vez que una vez recibidos en la Consejería de Empleo, se remitieron los extractos de la citada tarjeta al gabinete jurídico de la Consejería de Empleo. Fue este gabinete el que«lo trasladó al juzgado» entre finales de mayo y principios de junio. El consejero subrayó que ha sido la Junta la que ha solicitado la ampliación de diligencias y, si se estimara oportuno, la ampliación de los delitos, incluso el de apropiación indebida. «Ha sido el Gobierno andaluz quien lo ha entregado, lo dije hasta la saciedad, este consejero no ha ocultado información», reiteró.

La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, acusó al consejero de «faltar a la verdad» por no haber ofrecido dichos datos cuando ella le preguntó en la citada comisión de junio.

«Está ya desacreditado y, por extensión, lo está todo el Gobierno andaluz», sentenció la diputada popular, que ha pedido también explicaciones sobre una segunda 'tarjeta black', cuyos extractos fueron solicitados a Unicaja pese a que era una tarjeta de crédito de la antigua caja de ahorros San Fernando, informa Europa Press.

Por otro lado, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez informó ayer que apoyará la moción de investigación solicitada por el PP en el Parlamento al considerar «inaceptable» que un organismo dedicado a la formación de desempleados, «en una tierra donde el desempleo es una lacra», se haya podido gastar el dinero «en burdeles». Para que sea aprobada es necesario que también la respalde Cs e IU, partidos que aún no se han pronunciado.

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