Las auditorías al sector público de la Junta detectan duplicidades y mala gestión

El número dos del Ejecutivo andaluz, que fue el encargado de presentar este informe en el Consejo de Gobierno que incluye un total de 54 auditorías a estos entes instrumentales, abogó por racionalizar, suprimir y revisar este entramado administrativo de la Junta para mejorar su eficacia y operatividad, por lo que apostó por la elaboración de un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades.

Marín subrayó que con este plan vamos a poner fin a un «entramado y maraña burocrática que se había convertido en una red clientelar en la que ha existido un mal uso y un abuso en su gestión». Asimismo, destacó que como una de las principales conclusiones de estas auditorías la escasa operatividad de esta superestructura montada de forma paralela con duplicidades en sus funciones y competencias.

La inoperancia, según Marín, ha llevado a estos entes a tener «dificultades para que se puedan reintegrar» al erario público aquellos fondos mal empleados. Otro aspecto resaltado por las auditorías el el referido al personal de estos entes instrumentales, que se rigen por una disparidad de convenios colectivos que alcanza hasta 66 distintos, 43 propios y 23 sectoriales.

El vicepresidente de la Junta puso como ejemplo de ello al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde recordó han confluido los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación, un servicio cuyo personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.

También Marín expuso al SAE como muestra de la gestión «ineficaz», como se refleja que el 70,4 % de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través de este servicio, que solo se gestionó el 3 % de las contrataciones en Andalucía y realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes.

El vicepresidente anunció la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para debatir sobre el «alcance» de las auditorías del sector público instrumental de la Junta que suponen un «punto y final del mal uso y abuso, y de las malas prácticas, que han llevado a Andalucía a no poder hacer las cosas», precisó.

Marín señaló que la mejora y simplificación de este sector ya se viene impulsando desde el arranque de la legislatura y continuará a partir de estas auditorías, avanzando la aprobación ya para la próxima semana del decreto para puesta en marcha de la nueva Agencia Trade, que agrupará a las actuales Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende. Además, recofrdó la integración ya iniciada en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias --Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir--, así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que coinciden con algunas de las recomendaciones de los auditores.

El sector público instrumental de la Junta está compuesto actualmente por diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles.

El personal laboral propio de las 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores, de los que 8.023 eran profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de irrupción de la pandemia del Covid, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%), y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).