Andalucía reclama al Gobierno un protocolo para atender a los inmigrantes de las pateras con Covid-19

La Junta de Andalucía aprobó tras asumir el mando de la pandemia una orden con un protocolo de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 4 de julio. En este refleja la necesidad de actuar cuanto antes tras el rescate de los inmigrantes en las aguas españolas del litoral andaluz, casi siempre por Salvamento Marítimo. La Cruz Roja es la encargada, mediante convenio estatal, de prestarle las primeras atenciones sanitarias antes de ser trasladados por las fuerzas policiales a los Centros de Atención Temporal al Extranjero o a las Comisarías del Cuerpo de la Policía Nacional, dependientes todos ellos del Ministerio del Interior, donde permanecen un máximo de 72 horas.

El Servicio Andaluz de Salud tiene establecido la realización de test del Covid a los inmigrantes, siendo de PCR si se le detectan síntomas. Hasta ahora la incidencia de covid en los rescatados de las pateras ha sido mínima, de menos de un 1%, según informó el consejero de Salud, Jesús Aguirre, el pasado miércoles en el Parlamento ante la nueva presión de Vox, cuyo diputado Eugenio Moltó exigió más medidas de control y expresó su preocupación de que se conviertan en focos de contagio. La realidad hasta ahora en Andalucía es que ninguno de sus 34 focos ha surgido de las pateras, ya que incluso el detectado en Cruz Roja de Málaga tuvo su origen en un empleado del centro de acogida que se contagió en Canarias.

Pese a ello, la nueva afluencia de embarcaciones de 'sin papeles' ha reabierto la polémica entre Gobierno y Junta sobre qué administración afronta el coste ante la previsión de que aumenten los casos de positivos. El protocolo de la Junta contempla la atención en sus hospitales y centros de salud a los inmigrantes enfermos y también el rastreo de sus contactos y los posibles contagios. Ahora bien, el siguiente paso es cómo obligarles a estar en cuarentena, buscarles el sitio adecuado para ello y que no propaguen el virus.

La normativa de extranjería solo obliga a retener a los extranjeros sin papeles un máximo de 72 horas y con posterioridad las autoridades del Ministerio del Interior deciden si dejan en libertad a estas personas o las devuelven a sus países, algo que ahora no es posible por el cierre de fronteras. Otras veces se derivan al programa de atención humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su acogida en centros de las ONG donde puedan dormir y comer.

El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, de quien depende el área de inmigración en la Junta, defiende que es el Gobierno central el que tiene las competencias de sanidad exterior y debe hacerse cargo de los positivos de las pateras y pone de ejemplo a los llegados a los aeropuertos. Marín advierte de que la Junta carece de competencias para retener a los inmigrantes u obligarles a estar en cuarentena. Cita como ejemplo el caso de los dos argelinos rescatados a primeros de julio en aguas de Almería y que padecían el coronavirus. Tras las 72 horas de retención policial y al ser atendidos por la Junta, esta tuvo que requerir una orden directa al comisario jefe de la Policía Nacional para que permanecieran aislados en un centro de Almería de la administración autonómica.

Por ello el consejero reclama un protocolo al Gobierno que determine «la responsabilidad de cada uno» y «los costes» que deben asumirse por estos casos. La Junta está dispuesta a ofrecer espacios con duchas individuales, pero exige una compensación económica del Estado.

Consultada la Secretaría de Estado de Migraciones, esta respondió a este periódico que el Gobierno siempre está dispuesto a cooperar con las comunidades, pero recordó que son estas las responsables en materia sanitaria sobre el coronavirus y no pueden hacer ninguna distinción entre inmigrantes y el resto de la población. Recuerda que en el Plan de Vigilancia y Prevención de brotes de Covid-19 de la Junta de Andalucía (aprobado en Consejo de Gobierno en junio de 2020) se establece respecto a la capacidad de aislamiento la disponibilidad de inmuebles en caso de que por motivos sociales o personales los afectados no puedan aislarse de manera efectiva en su domicilio. En dicho plan, la Junta dice disponer de 17 recursos para dicho aislamiento y alojamiento con un total de 3.947 plazas. También de otros 47 recursos no asistenciales (más la oferta de hoteles turísticos) que pueden medicalizarse en caso de necesidad, con un total de 10. 554 plazas.

Por ello, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se insiste en que la Junta de Andalucía dispone de protocolos y de «espacios previstos para la asunción de esta competencia, del mismo modo que se establece con las personas que no pertenecen al colectivo migrante».

Solo entre el viernes y ayer sábado han llegado a las costas andaluzas unas 130 personas en embarcaciones procedentes del norte de África. Cruz Roja atendió ayer a alrededor de medio centenar de personas que habían viajado durante la madrugada a bordo de distintas pateras en Almería, Granada y Cádiz. El viernes se superaron las 80 personas rescatadas por Salvamento Marítimo en el litoral de las provincias orientales.