Andalucía exigirá la colegiación a los profesionales de las unidades de violencia machista

Juan Marín, ayer en comisión parlamentaria. /SUR
Juan Marín, ayer en comisión parlamentaria. / SUR

La Junta atiende la petición de Vox para verificar la cualificación de los trabajadores de estos órganos

JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA.

La Junta de Andalucía exigirá la colegiación a los profesionales de los equipos psicosociales que se incorporen a las nuevas unidades de valoración integral de violencia de género que se van a crear en Andalucía, un total de ocho distribuidas en cada una de las provincias. Así lo aseguró ayer en el Parlamento andaluz el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que además subrayó que ha dado ya la orden para que los trabajadores actuales de estas unidades se inscribieran en sus respectivos colegios profesionales. Con esta medida el Gobierno andaluz atiende la petición planteada por Vox, que le llevó a solicitar en el Parlamento el listado de estos profesionales para comprobar su cualificación después de haber denunciado que parte de ellos no estaban colegiados. Una reclamación que desató una ola de críticas por parte de la oposición.

Juan Marín detalló que, en la actualidad, solo el 12,5 de los empleados de estas unidades de violencia de género carecen de colegiación, frente al 50% que había denunciado Vox y que se referían a datos de años pasados. En cuanto a los médicos forenses que trabajan en estas unidades, solo el 11,1 por ciento no está colegiado, por lo que sostuvo que se va en la dirección correcta aunque defendió también que lo importante es la formación, por la que se va a apostar fuerte, ya que estar o no colegiado no influye en tener más o menos capacidad para ejercer estas tareas. No obstante, el vicepresidente señaló que ahora se les va a exigir a todos la colegiación con la nueva ordenanza y también con los nuevos pliegos de contratación para las entidades adjudicatarias que se encargará de la gestión de estas unidades, que deberán garantizar a partir de ahora la colegiación obligatoria de los profesionales que se contraten para prestar este servicio.

El número dos del ejecutivo andaluz explicó en la comisión parlamentaria de su departamento que se va a impulsar una nueva licitación pública con esos nuevos pliegos y condiciones y que se está trabajando en un protocolo para la estandarización y homogeneización de todos los que elaboran estos equipo que luchan contra la violencia de género. A la espera de estos cambios y la nueva licitación, anunció que no se van a renovar contratos actuales con las entidades que prestan estos servicios o solo se va prorrogar los que sean necesarios y durante el tiempo imprescindible.

El nuevo protocolo y proceso de contratación contemplará que la entidad adjudicataria garantice la colegiación de los peritos cuando lo exija la normativa y se requerirá a los trabajadores que presten sus servicios que estén vinculados a la empresa, además de impulsar una homogeneización de los precios de estos servicios. Además, se está estudiando promover la colaboración de la Junta con los colegios de psicólogos y el Consejo Andaluz de Trabajo Social para firmar convenios destinados a agilizar la emisión de informes psicosociales.

La Consejería que dirige Marín va a poner en marcha un plan de refuerzo para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género que permitirá, por un lado, incrementar el número de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), una por provincia, iniciativa a la que se suma la dotación de 95 interinos que se destinarán de refuerzo a los juzgados que tengan competencia en esta materia, que tendrá una cuantía de 2,9 millones de euros a cargo de las partidas recibidas en el marco del Pacto de Estado. Las nuevas Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, que están compuestas por un médico forense, un psicólogo y un trabajador social, pasarán de las 9 actuales a 17, una más en cada provincia excepto en Cádiz, que dispondrá de tres.

Críticas del PSOE-A

La reacción de los socialistas no se hizo esperar y la secretaria general en Andalucía, Susana Díaz, arremetió contra el Gobierno en coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) por ceder «ante la extrema derecha de Vox» al aceptar sus planteamientos respecto a la lucha contra la violencia de género. Díaz rechazó la orden que ha dado Juan Marín para parar los contratos de los servicios que prestan las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y proponer «un recorte en el número de profesionales que cuidan de las víctimas de violencia de género en Andalucía, de madres e hijos que sufren el dolor y el miedo», subrayó.

La líder de los socialistas andaluces lamentó que «el ejecutivo autonómico esté dispuesto a pasar por el aro de la extrema derecha y a entregarle algo tan sensible como es la protección de madres y menores, es evidente que estamos en el camino que no merecen los andaluces».