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M. D. T.
SEVILLA.
Miércoles, 19 de septiembre 2018, 00:01
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El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer destinar 5,5 millones de euros de la partida presupuestaria destinada a necesidades de emergencia para la atención a menores inmigrantes no acompañados.
Tal decisión se debe a la creciente afluencia de menores extranjeros a las costas andaluzas, en su mayoría procedentes de Marruecos, que cruzan el Estrecho en pateras o embarcaciones rápidas. En los últimos ocho meses han llegado de esta forma al litoral andaluz 4.600 menores, aunque en su mayoría rondando los 16 y 17 años.
La previsión es que la afluencia no aminore, por lo que la Administración andaluza, encargada de la tutela de los menores por decisión de la Fiscalía, lleva meses ampliando la dotación de plazas en los centros de acogida de la Comunidad, tanto públicos como concertados.
La dotación presupuestaria aprobada ayer tiene por objetivo financiar las 951 plazas de atención inmediata de los menores en las provincias más afectadas, Cádiz, Almería y Granada, para garantizar sus necesidades básicas de alimentación, cuidados y alojamiento, según informó el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, tras el Consejo de Gobierno.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales contrató en agosto 451 plazas en centros de acogida concertados y otras 500 este mes de septiembre en el marco de un plan especial para la atención de los menores extranjeros.
Blanco reiteró el llamamiento de la Junta a las autoridades europeas y al Gobierno de España para que se tengan en cuenta las necesidades de Andalucía como una de las regiones con mayor presión migratoria. El portavoz reiteró la demanda del Gobierno de Susana Díaz al Ejecutivo central para que, dentro del convenio de España con Marruecos, se pueda poner en práctica la repatriación de los menores con garantías de que volverán con sus familias.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, descartó el pasado lunes que el Gobierno vaya a realizar repatriaciones de menores. Blanco circunscribió estas declaraciones a la dificultad de entendimiento con el país magrebí para la aplicación del convenio, pero rechazó interpretar las mismas como una negativa a la petición andaluza.
El Gobierno central aprobó a principios de año una dotación de 40 millones de euros para la atención de menores extranjeros sin familia y obtuvo el compromiso de varias comunidades autónomas de acogerlos para aliviar la presión de las regiones receptoras, como Andalucía y Valencia. Aún así, Andalucía ha tenido que echar mano del dinero para emergencias para poder sufragar el gasto en atender a los menores.
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