Acuerdo para salvar el decreto que regularizará cerca de 300.000 viviendas ilegales

Este acuerdo se ha alcanzado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado, tras las negociaciones abiertas por ambas administraciones para resolver las discrepancias sobre diversos artículos de la norma y también sobre su disposición final primera. Este decreto-ley, que fue aprobado por el Parlamento andaluz en octubre de 2019 con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Adelante Andalucía, contiene medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares y pretende dar una salida a la situación en la que se encuentran desde hace décadas unas de 300.000 viviendas, muchas de ellas ubicadas en la provincia de Málaga y, en especial, en la comarca de La Axarquía.

El acuerdo ha sido posible tras el compromiso de la Junta de incluir una nueva disposición final en el decreto que hace referencia a las «reglas específicas de aplicación derivadas de la legislación de costas y de su desarrollo reglamentario», derogando además una parte de la disposición adicional primera que exceptúa a las actuaciones «en suelo urbano o urbanizable» para remitir a la legislación básica estatal, según el texto del acuerdo.

En virtud de este acuerdo, la Junta fijará que la parte del decreto contenida en un apartado de la citada disposición primera no resultará de aplicación en las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, en las que dichas edificaciones quedarán sujetas al régimen que derive de lo dispuesto en la legislación de costas. El Ejecutivo central consideraba en su discrepancia que el citado decreto «desbordaba los límites formales y materiales del artículo 86 de la Constitución Española y el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía», en alusión a la parte que ahora se rectificará con el acuerdo.