Acuerdo de la Junta y los sindicatos para la nueva Ley de Función Pública

Para Bendodo, se trata de un paso fundamental para una ley que considera muy necesaria, motivo por el que ha agradecido a las centrales sindicales su disposición para el consenso.

El consejero indicó que ahora espera que el respaldo alcanzado se traslade al Parlamento y se traduzca en un apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara.

Para alcanzar este consenso, según informó la Junta, además de los trámites de consulta previa y de información pública, para la elaboración del texto se constituyeron cinco grupos de trabajo entre la Administración y los tres sindicatos con representación en la Mesa General. En el último año se celebraron 19 reuniones y tras ello, a partir del 3 de noviembre se celebraron otras nueve de la Mesa General para la negociación del anteproyecto de Ley, en las que la Administración y los sindicatos contrastaron sus posiciones.

La futura ley regulará las potestades, por primera vez, en una norma autonómica de carácter general. Según la Junta, se trata de un concepto estricto, que otorgue seguridad jurídica y garantía a la actuación de los empleados públicos y al mismo tiempo flexible, para permitir la colaboración del personal laboral en las funciones auxiliares que no supongan ejercicio estricto de potestades. Asimismo, regulará la Dirección Pública Profesional para profesionalizar la dirección pública y lograr el mejor funcionamiento de la Administración.

Los puestos de directivo público serán de dos clases: directivo alto cargo, nombrado por decreto de Consejo de Gobierno y rango de Dirección General o inferior; y directivo funcionario de carrera o laboral fijo, reservados a personal funcionario de carrera o laboral fijo y que dependerán de los puestos directivos alto cargo.

El nombramiento se realiza por cuatro años, con una única prórroga por el mismo tiempo; firmarán un acuerdo de gestión con los objetivos a cumplir, y serán periódicamente evaluados. Además, se seleccionarán en convocatoria pública y en base a los principios de idoneidad, mérito y capacidad, atendiendo a la valoración de capacidades, actitudes, conocimientos, experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas.

Del mismo modo, la futura Ley regulará el teletrabajo, desarrollará la carrera horizontal y en las ofertas de empleo público garantizará un 25% de plazas para la promoción interna. Entre otras medidas, se regulará la evaluación del desempeño; creará órganos permanentes para la selección del personal y regulará los concursos con una modalidad de abierto y permanente. Entre otras novedades, se va a crear un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal y también se creará el Grupo B, al que se accederá con el título de Técnico Superior, en una clara apuesta por la formación profesional.

En cuanto a las medidas de carácter social, la futura Ley de Función Pública incluirá la aprobación de Planes de Igualdad, a la par que garantizará los medios para la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar. También se garantiza expresamente la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y se incorporan los cupos de reserva del 10% para personas con discapacidad, una mejora considerable respecto a mínimos que marca la normativa estatal de carácter básico (7%).