Andalucía y Medio Ambiente crean una comisión mixta para la demolición del Algarrobico

La ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, y el consejero andaluz del ramo, José Fiscal. :: efe/
La ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, y el consejero andaluz del ramo, José Fiscal. :: efe

Tejerina mantiene el compromiso de su antecesor de sufragar el 50% del coste del derribo pese a no ser de su competencia

CECILIA CUERDO/AGENCIAS SEVILLA /MADRID.

La voluntad de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente para derribar «cuanto antes» el hotel Algarrobico, ubicado a una decena de metros de la playa en Carboneras (Almería) se mantiene firme y ambas administraciones acordaron ayer por la tarde la creación de una comisión mixta que empiece a trabajar ya la próxima semana para garantizar que la demolición cuenta «con todas las garantías».

LOS ACUERDOS

u2011 Los entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, firman un protocolo para demoler el hotel. El Estado se comprometió a asumir el coste de la demolición y la Junta, el desescombro y la gestión de los residuos del derribo. La comisión lo revisará.

u2012 El ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete y el consejero Luis Planas se comprometen a que el Estado financie el 50% del coste de la demolición. Tejerina asume el compromiso, pero la comisión decidirá cómo.

Esta comisión estará formada por tres representantes de cada administración que serán designados en los próximos días. El objetivo de la misma es empezar a estudiar cuanto antes la sentencia a fondo para «no dar un paso en falso» en las labores de demolición del polémico hotel, cuya estructura se encuentra construida al 80%, y que el proceso de demolición «cuente con todas las garantías», según señaló la ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, quien compareció con el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, tras una reunión de ambos ayer tarde.

Y es que aunque el Tribunal Supremo sentenció a finales de la pasada semana que el inmueble es ilegal al levantarse en suelo protegido y propiedad de la Junta de Andalucía, la promotora aún cuenta con la baza de tener una licencia de obra ajustada a la ley según los tribunales, lo que le permitiría reclamar una indemnización que cifra en 70 millones de euros.

Fuentes de la administración andaluza explicaron que la reunión celebrada en el Ministerio se desarrolló «dentro de lo previsto», y que se ha acordado revisar el protocolo de colaboración firmado a finales de 2011. Este documento contempla que el coste de la demolición, unos 7,1 millones de euros, se reparta al 50 por ciento y que el Gobierno central se encargue de las tareas de demolición, mientras que a Andalucía le corresponde el desescombro de la zona.

«Después de tanto tiempo esperando, no nos podemos equivocar en nada, tiene que haber todas las garantías», subrayó García Tejerina, según Europa Press. Ni ella ni Fiscal quisieron dar una fecha para el inicio de la demolición, pero ambos coincidieron en apuntar la «voluntad inequívoca» de ambas administraciones para que, «una vez despejado el horizonte jurídico» y «cuando se tengan todas las garantías» el derribo se produzca «tan pronto como sea posible».

«No estamos en disposición de dar fechas ni mucho menos», dijo el consejero andaluz que, no obstante, ha llamado la atención sobre el hecho de que «hace solo doce días había posibilidades de que el hotel fuera legalizado, hace once días se desestimó y hoy sólo tenemos en el horizonte la demolición».

Fiscal destacó que la predisposición de ambas administraciones es «evidente y óptima» y, esa actitud se traducirá «de forma inexorable en acabar con este monumento al disparate». El consejero fue más explícito que la ministra en sus declaraciones y dijo que estamos «en la recta final» del proceso y que «no hay otra salida que la demolición». «Si de mí dependiera mañana mismo comenzaría la demolición», afirmó. Así las cosas, tomando todas las «máximas precauciones jurídicas para no dar pasos en falso», la Junta ejercerá su derecho de retracto y será entonces cuando se haya «allanado el último obstáculo para el derribo».

El responsable de Medio Ambiente ha incidido en que cuando se pueda ejecutar el retracto y los terrenos pasen a la administración andaluza «ya se podrá demoler» pero ha dicho que será la Comisión Mixta la que determine «con exactitud» el momento.

 

Fotos

Vídeos