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Lalia González
Jueves, 12 de noviembre 2015, 00:27
Avanza rápido el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que este martes terminó el periodo de alegaciones y que el consejero, Felipe López, quiere tener aprobado en el primer trimestre de 2016. Entre el centenar de enmiendas presentadas están las de la patronal, Fadeco Promotores, cuyo presidente, Francisco Martínez-Cañavate, celebra inicialmente la propia existencia del plan, ya que «lo peor es no tenerlo», ya que «desde 2012 no hay política de viviendas en la Junta de Andalucía».
La postura de Fadeco pasa por reclamar más facilidades y mayor flexibilidad en las condiciones ante la ausencia de ayudas destinadas a promoción en el plan. «Vemos con buenos ojos el borrador, pero creemos que va a ser complicado que se hagan viviendas de protección oficial, puesto que se elimina totalmente cualquier tipo de ayuda, a compradores o a promotores».
Por ello, Fadeco quiere que se modifiquen diversas condiciones de la regulación y de las condiciones técnicas. En primer lugar, reclaman que se acorte el plazo de transmisión de las VPO, que ahora es de 30 años, a 5. Es decir, que los propietarios de estas viviendas puedan venderlas antes, porque lo consideran un plazo razonable para que «e evite la especulación» pero al mismo tiempo el comprador pueda cambiar de vivienda por razones de movilidad geográfica, aumento de familia o asenso social. «Un plan donde no hay ayudas es lógico que tenga la menor intervención posible. A mayor grado subvención parece lógico que se impongan muchas normas, pero se nos antoja complicado que sin ningún tipo de ayuda o subvención de protección se obligue al comprador de vpo a estar 30 años con la vivienda calificada».
No obstante, Martínez Cañavate indica que los promotores no piden ayudas: «los empresarios lo que queremos es un marco claro y que propicie la reactivación del sector y la creación de empleo. Quitar palos en las ruedas de la oferta y la demanda, agilizar que se construyan VPO, solo limitar precio».
Por ello también piden que acabe la obligatoriedad de reservar el 30% del suelo a VPO que ahora mismo está regulada.
Asimismo, Fadeco hace sus observaciones sobre el eje en el que el plan pivota, los registros de demandantes y los planes municipales de viviendas. Pero, advierte, «solo un 12% de las corporaciones locales andaluzas los tienen , a pesar de que el plan anterior, de 2008, les daba doce meses para que los elaboraran».
En cuanto a los registros de demandantes, Martínez Cañavate advierte que «han funcionado de forma poco eficaz. Los datos que arrojan reflejan más una foto fija del plan anterior, que acabó en 2012, porque los ciudadanos se podían inscribir en más de uno y apuntar a diversos miembros de la unidad familiar», por lo que advierte que los datos «no reflejan la realidad de la necesidad de la vivienda en Andalucía».
Para el presidente de Fadeco, el plan de la Junta puede «hacer palanca» para conseguir «mejorar el sector, para que deje de ser demonizado y sea visto en positivo».
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