Alaya lanza una redada contra funcionarios y cargos corruptos en trece provincias

La investigación tiene su origen en la 'operación Madeja', sobre esta supuesta práctica en el Ayuntamiento de Sevilla, y contaba con 13 imputados tras dos operaciones entre julio y diciembre de 2013. Alaya y la UCO solo tuvieron que tirar del hilo en una investigación que ha durado año y medio, que mantiene bajo secreto sumarial, y que ayer, bajo el nombre 'Operación enredadera', acabó con 30 nuevos imputados de trece provincias (Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Grana Canaria).

El nexo en común de todos ellos es Fitonovo y su filial Fiverde, empresas sevillanas dedicadas al mantenimiento de áreas públicas y jardines. Durante años sus dueños se dedicaron a tejer una red de funcionarios corruptos para acceder a contratos de parques o campos de césped en ayuntamientos y mantenimiento de jardinería en carreteras y vías férreas del Ministerio de Fomento y de comunidades autónomas, entre ellas la de Andalucía.

Alaya investigaba contratos irregulares del 'caso Mercasevilla' a cambio de comisiones, origen también de la trama 'ERE', cuando en julio de 2013 detuvo a un asesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, el abogado Domingo Enrique Castaño, y su mujer, Ana Vaquero. La jueza considera que engordó su patrimonio con 400.000 euros sin justificar. La investigación llevó a supuestos sobornos de Fitonovo y nació así el 'caso Madeja', símbolo del Ayuntamiento sevillano. En el registro de Fitonovo se descubre una contabilidad b con anotaciones de sobornos. Uno de los dueños de Fitonovo, José Antonio González Baró, imputado, llegó a declarar que durante nueve años destinó 700.000 euros a pagar mordidas y regalos a técnicos y asesores públicos de ayuntamientos, diputaciones y administraciones autonómicas de toda España.

En una caja de zapatos

También dijo que entregó 75.000 euros en una caja de zapatos en víspera de las elecciones municipales de 2011 a Antonio Miguel Carmona, que era entonces técnico asesor de Infraestructuras para la Sostenibilidad, que dirigía el exprimer teniente de alcalde de IU Antonio Rodrigo Torrijos, imputado en otro caso. Carmona, ahora vocal de IU en la empresa pública Lipasam de Sevilla, fue uno de los detenidos ayer. Pero la trama toca todos los colores políticos. También fue arrestado el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), y el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín (Coalición Canaria), que luego quedó en libertad con cargos.

La mayoría de arrestados, sin embargo, son empleados públicos, entre ellos dos jefes de departamento de la Diputación sevillana, un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén; un jefe de sección de la Consejería de Fomento de Extremadura; dos empleados de Adif (Ministerio de Fomento) en Zaragoza, además de empleados de Fitonovo en Granada y Canarias.