Alaya impone nuevas fianzas millonarias a imputados por el 'caso ERE'

La jueza Mercedes Alaya. :: efe/
La jueza Mercedes Alaya. :: efe

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, debe hacer frente a 482.790 euros y el director del PTA, Felipe Romera, a 212.800 euros

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA.

La jueza instructora del 'caso ERE', Mercedes Alaya, ha impuesto fianzas millonarias a 24 imputados del sumario, entre ellos varios excargos de la Junta de Andalucía como el exconsejero de Innovación Martín Soler, también banqueros como el presidente de Unicaja, Braulio Medel y el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; y ejecutivos como el director del Parque Tecnológico de Málaga (PTA), Felipe Romera. En conjunto Alaya fija en esta ocasión 40,3 millones de euros de fianzas por responsabilidad civil, contra las que cabe un recurso de reforma y apelación.

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada detalla las fianzas a los imputados en el auto del pasado mayo relacionados con la agencia IDEA, ya que fueron directivos o miembros de su consejo rector en algún momento durante los años en que esta pagó mediante transferencias de financiación las ayudas a empresas concedidas por la Consejería de Empleo, que Alaya considera que se dieron por un procedimiento ilegal.

Entre los imputados hay cinco exviceconsejeros, cinco exsecretarios generales y cuatro exdirectores generales de la agencia. La fianza de mayor cuantía es la impuesta al exviceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román de 10,7 millones de euros. Le sigue la fijada para el exconsejero de Innovación Martín Soler Márquez de 4,07 millones de euros. La magistrada alude al cuantificar esta fianza a la subvención concedida a Abantia Ticsa de 450.000 euros el 15 de marzo de 2010. Martín Soler presentó un escrito este lunes en el que señala a la jueza que él ya estaba cesado cuando se concedió dicha ayuda.

Dada la relevancia de los cargos que ostentan, cabe subrayar las fianzas señaladas para el presidente de Unicaja, Braulio Medel, de 482.790 euros; así como la del también banquero Bueno Lidón, de 1,5 millones de euros; y la de Felipe Romera, director del PTA, de 210.800 euros.

También son millonarias las fianzas que la jueza Alaya ha impuesto a varios altos funcionarios de la Junta de Andalucía. Es el caso del que fuera jefe de los servicios jurídicos de la administración autonómica Francisco del Río, imputado también en la remesa de la agencia IDEA, quien deberá hacer frente a una fianza civil de 1,6 millones de euros. Y también del exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio J. Diz Lois, a quien le pide 593.350 euros.

Colaboradora

Alaya encabeza el auto con la fianza al citado funcionario y al que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien firmó varios de los informes de advertencia contra el sistema de pago de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo. Alaya, que le acusa entre otros aspectos de no haber emitido un informe de actuación o 'luz roja' de menoscabo de fondos públicos, no le había impuesto fianza civil lo mismo que tampoco a la funcionaria María José Rofa. Sobre esta explica que no le pedido fianza por haber colaborado «en el esclarecimiento de los hechos».

Dado que la Audiencia Provincial de Sevilla obligó a la magistrada a fijar una fianza para Rofa, Alaya considera que sería un agravio no hacerlo con Diz Lois y Gómez. A este le impone una cantidad también millonaria: 3,4 millones de euros.

La jueza ha fijado hasta la fecha fianzas civiles a 130 de los 227 imputados en esta macrocausa, lo que suman más de 2.900 millones de euros. Las de mayor cuantía son las señaladas para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández (807 millones), el ex director general de Trabajo Javier Guerrero (686 millones) y el ex consejero de Empleo Agustín Barberá (490 millones). De menor cuantía pero también millonaria es la fijada para la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, de 29,5 millones de euros.

Otros cuatro exaltos cargos de la Junta y tres empleados de Vitalia se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la magistrada instructora, que los había citado de nuevo por las ayudas supuestamente irregulares a varias empresas y la inclusión de intrusos, entre ellas Hitemasa, Primayor e Inverjaén.