Alaya remite al Tribunal Supremo el 'caso ERE' al estar involucrados Chaves y Griñán

La Junta de Andalucía llegó a conceder 721 millones de euros en ayudas sociolaborales desde 2000 a 2011, prejubilando a 6.473 personas. Hoy admite que hubo 71 intrusos y otros 76 beneficiados de forma irregular (17,7 millones de euros) y cuestiona 211 ayudas directas a empresas en crisis (125 millones de euros). Alaya aún no ha concretado el fraude, pero ha apuntado que puede rondar como poco los 140 millones de euros.

El paso dado por Alaya otorga una dimensión nueva y de mayor relevancia al caso que ha puesto contra las cuerdas a la cúpula de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía de algo más de una década. Alaya no acusa a los políticos socialistas de enriquecerse, pero sí de haber podido prevaricar y malvesar fondos públicos al otorgar ayudas de forma opaca mediante un procedimiento ilegal con el pretexto de la paz social, según lo reiterado por la magistrada en numerosos autos. A partir de ahora la sala penal del Supremo tendrá que decidir si acepta la tesis de Alaya e imputa a los aforados para investigarles. La decisión será clave en el desarrollo de la macrocausa con más imputados de España, 201, y una instrucción que dura tres años y medio. El proceso a muchos cargos políticos imputados por Alaya podrían verse afectado por la resolución del alto tribunal.

La remisión al Tribunal Supremo no ha sido ninguna sorpresa. Era esperada desde que en septiembre del pasado año la magistrada emitió el primer auto en el que señalaba a los siguientes aforados: Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009 y ahora diputado en el Congreso; José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009 y desde este año a 2012 presidente de la Junta y ahora senador por la Comunidad autónoma; Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda desde 2009 a 2013 y antes viceconsejera de Hacienda con Griñán, y ahora diputada autonómica; Antonio Ávila, consejero de Presidencia y luego de Economía y Empleo desde 2009 a 2013, y ahora diputado autonómico: Francisco Vallejo, consejero de Innovación desde 2004 a 2009 y ahora diputado autonómico; Manuel Recio, consejero de Empleo desde 2009 a 2012 y ahora diputado autonómico; José Antonio Viera (consejero de Empleo 2000-2004), y ahora diputado nacional. Alaya los señalaba en base al artículo 118bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los aforados participar en su defensa cuando se ven involucrados en un procedimiento.

Ya entonces Alaya dejó claro que los considera conocedores del diseño del fondo y de su procedimiento opaco, pero un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla le obligó a concretar. Alaya respondió con otro auto el 18 de diciembre del pasado año en el que ya no solo los señalaba, sino que de forma clara los llamó «preimputados» en el sumario que investiga. La jueza concreta que el pago de las ayudas a empresas y prejubilados a través de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación al IFA, luego IDEA, se hizo al margen de lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía; del reglamento de Subvenciones de la Junta de 2001 y de la Ley de Subvenciones de 2003.

También que estas concesiones «sin la fiscalización propia en el gasto y en pago por parte de la Intervención, como control de legalidad, se pudo producir gracias a la presupuestación también continuada de dicha partida de transferencias de financiación, primero a través de las modificaciones presupuestarias, y luego a través de las propias leyes de Presupuestos». Alaya se apoya en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que dice que se utilizó de «forma inadecuada» la figura de las transferencias de financiación, «obviando el procedimiento administrativo legalmente establecido para gastos de esta naturaleza». También en los informes de advertencia del interventor general de la Junta sobre el uso inadecuado del procedimiento. Entonces no tenía aún a mano el informe encargado a la Intervención General del Estado, que concluyó que los consejeros de Hacienda y Economía entre 2000 y 2009 no adoptaron «las medidas necesarias» para evitar las irregularidades.

Dimisión de Griñán y Álvarez

Tanto Chaves como Griñán han manifestado reiteradas veces sentirse indefensos ante la 'preimputación' de Alaya, quien no puede investigarles por estar aforados. Ambos han negado reiteradamente tener conocimiento de las irregularidades en la concesión de ayudas y menos que se estuviera produciendo fraude o menoscabo de fondos públicos. Chaves llegó a manifestar: «Nadie se metió en un cuarto oscuro para organizar una trama para delinquir».

La presión del caso ante la posibilidad de verse imputado fue una de las razones por las que Griñán dimitió de su cargo de presidente de la Junta hace ahora un año, dando paso a Susana Díaz al frente del ejecutivo andaluz. También la antecesora de Griñán en Hacienda, Magdalena Álvarez, debió dejar su cargo de vicepresidenat del Banco Europeo de Inversiones (BEI) este julio pasado presionada por su imputación en el caso.

Lo habitual en otros sumarios es que el instructor hubiera enviado antes el caso al Supremo y que los jueces de este decidieran sobre los aforados, como ocurrió con José Blanco. Así se lo ha solicitado varias veces la Fiscalía anticorrupción, que también ha emplazado a la jueza a separar en piezas la causa y elevar las referidas a los aforados (la del procedimiento administrativo y la de las ayudas a la Sierra Norte, en la que aparece José Antonio Viera ). La jueza ha forzado la instrucción hasta el límite, contando varias veces con el respaldo de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora será el Supremo quién decida si Alaya debe continuar hasta el final la instrucción y luego elevar todo el sumario al alto tribunal o este reclamará toda la causa.

Alaya comenzó las primeras diligencias en el llamado 'caso de los ERE' (expedientes de regulación de empleo) en 2011 a raíz de la inclusión de prejubilados falsos o 'intrusos' en el ERE de Mercasevilla. Tenía como primer objetivo averiguar la inclusión de 'intrusos' en otros ERE. La investigación se divide en varias piezas: por un lado la de la pista del dinero defraudado, a través de sobrecomisiones a aseguradoras y sindicatos; la pista de los intrusos en los ERE y la investigación una a una de las ayudas a empresas, algunas sin un papel de solicitud. Por último la trama del procedimiento administrativo, centrada en el uso ilegal de la fórmula de pago de las ayudas, la más llamativa porque afecta a los políticos imputados y a los aforados.

La cantidad de dinero investigada alcanza los 850 millones de euros hasta 2012 según el informe de la Intervención General del Estado encargado por la jueza, pero no hay coincidencia en esta cifra como tampoco sobre el fraude. La magistrada ha sugerido «groso modo» en 140 millones el menoscabo de fondos, pero es una cantidad por concretar. Según la Junta de Andalucía hay 211 ayudas a empresas (125 millones de euros) en revisión de oficio y 147 prejubilaciones irregulares (17,7 millones de euros), de las que 71 son personas 'intrusas' y otras simples irregularidades. Según la Guardia Civil se concedieron al menos 50 millones en 'sobre comisiones'. Vitalia y Uniter cobraron 68 millones por su mediación (en algunos casos hasta el 20% de la ayuda tramitada).

Uno de los principales imputados es el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, quien firmaba las ayudas y a quien se le atribuye beneficio de fondos, que pudo utilizar para fiestas y drogas, según declaró su exchófer Juan Francisco Trujillo. Guerrero incluyó como intrusos a cinco personas de su entorno, consiguió para su suegra varias ayudas y aceptó viajes a Shangai y Egipto a cambio de no convocar procesos públicos para las subvenciones, según la jueza. El 'conseguidor' Juan Lanzas pudo haber amasado al menos 13 millones de euros. Cobraba 'mordidas' de hasta 600.000 euros por ERE, según declaró a la jueza el abogado de los Ruiz Mateos.

Alaya ha enviado a prisión a numerosos imputados en varias operaciones policiales. Dos veces encarceló al citado Guerrero y una vez al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien estuvo cuatro meses en prisión preventiva. Entre los numerosos imputados hay empresarios afines al PSOE como los de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, pero también otros que nada tienen que ver, como Ruiz Mateos y cinco de sus hijos. La larga lista incluye a testaferros de la trama del dinero como Francisco Algarín, hoy en un centro de transeúntes, a sindicalistas como el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y el líder estatal de Fiteqa de CC OO José Luis Montesinos; y a banqueros como el presidente de Unicaja Braulio Medel.