Algunas claves sobre el caso

¿Por qué se le llama caso de los ERE?: Desde 2000 o incluso 1999 la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo (ahora en Economía, Innovación y Empleo), destina millones de euros durante más de una década en subvenciones directas y ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de estas empresas. La Junta aprueba el pago de las prejubilaciones de 6.473 de trabajadores. La jueza analiza presuntas irregularidades y fraude en 126 expedientes de ayudas sociolaborales (con 582 millones de euros pagados) y 211 subvenciones a empresas (con 125 millones) concedidas entre 2000 y parte de 2011. Pero la jueza también incluye todos los pagos de 2011 a 2012, según un auto reciente.

La macrocausa: El sumario acumula 300.000 folios y 201 imputados, entre ellos una cuarentena de cargos y altos funcionarios de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, a los que les acusa de la participación por acción u omisión de la utilización de un sistema de concesión de las ayudas ilegal y sin control previo, lo que propició el fraude, según la instructora.

El origen: La jueza de instrucción del número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comienza a investigar en la primavera de 2009 una denuncia de soborno por parte de directivos de una empresa pública, Mercasevilla, a empresarios de la capital andaluza por la concesión de una escuela de hostelería. Al tirar del hilo descubre irregularidades en un expediente de regulación de empleo de Mercasevilla, con la inclusión de intrusos, personas que sin haber trabajador allí figuraron como tales para cobrar prejubilaciones. Las pesquisas llevan a la Policía a interrogar a finales de 2010 al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, quien califica la partida de ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo de fondo de reptiles para garantizar la paz social. Luego se desmintió. Las primeras diligencias comenzaron en enero de 2011. Tenían como primer objetivo averiguar la inclusión de intrusos en los ERE.

El fraude: La cantidad de dinero investigada alcanza los 850 millones de euros hasta 2012 según el informe de la Intervención General del Estado encargado por la jueza, pero no hay coincidencia en esta cifra como tampoco sobre el fraude. Alaya aún tiene pendiente de concretar la instrucción de más del 90% de las ayudas a empresas. La magistrada ha sugerido groso modo en 140 millones el menoscabo de fondos, pero es una cantidad por concretar. Según la Junta de Andalucía hay 211 ayudas a empresas (125 millones de euros) en revisión de oficio y 147 prejubilaciones irregulares (17,7 millones de euros), de las que 71 son personas intrusas. Según la Guardia Civil se concedieron al menos 50 millones en sobre comisiones. Vitalia y Uniter cobraron 68 millones por su mediación (en algunos casos hasta el 20% de la ayuda tramitada). Al exdirector general Javier Guerrero se le atribuye el beneficio de fondos, que pudo utilizar para fiestas y drogas, según declaró su exchófer. El conseguidor Juan Lanzas pudo haber amasado al menos 13 millones de euros. Cobraba mordidas de hasta 600.000 euros por ERE, según declaró a la jueza el abogado de los Ruiz Mateos, pero añadió que el exsindicalista solo se quedaba con un 10%.

Las pesquisas: La investigación de Alaya se divide en varias piezas: por un lado la de la pista del dinero defraudado, a través de sobrecomisiones a aseguradoras y sindicatos; la pista de los intrusos en los ERE y la investigación una a una de las ayudas a empresas, algunas sin un papel de solicitud. Por último la trama del procedimiento administrativo, centrada en el uso ilegal de la fórmula de pago de las ayudas, la más llamativa porque afecta a los políticos imputados y a los aforados.

Los imputados: El sumario consta de 201 imputados, con más de 40 cargos y altos funcionarios de tres consejerías de la Junta (Empleo, Hacienda e Innovación, entre ellos dos exconsejeros (Magdalena Álvarez y Antonio Fernández). A casi todos se les acusa de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. También está imputado el presidente de Unicaja y el expresidente de El Monte, Braulio Medel y José María Bueno Lidón, y varios dirigentes sindicales de CC OO y UGT, entre ellos el exsecretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla.

Los aforados: Son cargos electos. Alaya no los puede investigar porque escapa a sus competencias, pero los señala como posibles imputados para en teoría propiciar su autodefensa en dos autos: el primero en septiembre de 2013 y el segundo, tras pedirle la Audiencia de Sevilla mayor concreción de los hechos imputables, en diciembre de 2013. Son los siguientes:. Manuel Chaves (presidente de la Junta entre 1990 y 2009) y ahora diputado en el Congreso, aforado por el Tribunal Supremo; José Antonio Griñán (consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009 y desde este año a 2012 presidente de la Junta). Ahora es senador y por tanto aforado por el Supremo. Carmen Martínez Aguayo (consejera de Hacienda desde 2009 a 2013 y antes viceconsejera de Hacienda con Griñán), diputada autonómica y aforada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Antonio Ávila (consejero de Presidencia y luego de Economía y Empleo desde 2009 a 2013), diputado autonómico y aforado por el TSJA. Francisco Vallejo (consejero de Innovación desde 2004 a 2009), diputado autonómico y aforado por el TSJA. Manuel Recio (consejero de Empleo desde 2009 a 2012), diputado autonómico y aforado por el TSJA. José Antonio Viera (consejero de Empleo 2000-2004), diputado nacional y aforado por el Supremo.

Los argumentos: La jueza habrá basado su exposición sobre los aforados en los informes de la Cámara de Cuentas y de la Intervención General del Estado. En este último los interventores afirmaron que los consejeros de Economía entre 2000 y 2009 no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades». En el auto del 19 de diciembre donde volvía a señalar como 'preimputados' (término empleado por ella) a los aforados citados, Alaya considera que la cúpula de los gobiernos desde 2000 a 2011 conoció y participó de un sistema de ayudas sociolaborales que en su opinión era ilegal.

Las transferencias de financiación: Piedra angular de la trama política. Es un modelo administrativo utilizado para transferir dinero de las consejerías a sus agencias o empresas públicas para su financiación. La magistrada considera que su utilización para pagar las ayudas sociolaborales a través del IFA, luego IDEA, incumple la ley de Subvenciones y permitió que no hubiera control a priori, lo que provocó ampliaciones presupuestarias sin justificar y fue caldo de cultivo del fraude. La Junta cambió el modelo en 2010 por el de encomiendas de gestión, pero Alaya también opina que su uso es ilegal para conceder tales subvenciones, por eso amplió a 2012 las pesquisas. Con posterioridad, en 2012 la Junta volvió a modificar el procedimiento y anuló las comisones a las mediadoras.