La Fiscalía insiste en dividir en piezas el sumario de los ERE por razones de «diligencia y equidad»

La Fiscalía anticorrupción ha comunicado a la jueza instructora del 'caso ERE', Mercedes Alaya, que el tribunal competente en caso de que se inhiba por haber topado con aforados en su investigación deberá ser el Supremo, como recuerda que ya le aconsejó el pasado 28 de marzo. En el escrito, Anticorrupción insiste como entonces en que la magistrada divida en piezas el sumario «por razones de diligencia y equidad» y eleve al alto tribunal solo las referidas a las ayudas de la Sierra Norte y la relativa al llamado «procedimiento específico», por el que hay imputados una cuarentena de cargos de la Junta y señalados los aforados.

Estos son: los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; y los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y José Antonio Viera. Dado que Chaves, Griñán y Viera están aforados por el más alto tribunal, el Supremo, la remisión de Alaya debe dirigirse a este. Los otros aforados lo están por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de menor rango.

A sabiendas de que la magistrada ya puede tener tomada la decisión de elevar todo el sumario e incluso haber redactado las exposiciones de motivos por los que entiende que los aforados debe ser imputados en la causa, los fiscales del caso insisten en que esta sea dividida. En concreto, Anticorrupción propone a la magistrada que haga una pieza separada por cada expediente de ayuda socio laboral o ayuda directa a empresa, salvo las que haya conectividad entre ellas; otro sobre las sobrecomisiones pagadas en la mediación de estas ayudas; y una última relativa al llamado 'procedimiento específico', es decir por el sistema administrativo para pagar las ayudas que la jueza considera ilegal.

Doble velocidad

Los fiscales entienden que hay una «doble velocidad» en la instrucción, pues mientras el llamado procedimiento específico está casi acabado, no ocurre así con las ayudas a empresas, de las que apenas hay investigadas una parte ínfima.

Los fiscales advierten a Alaya de que si no hay separación de las piezas, sometería a las personas imputadas por el procedimiento administrativo, ajenas la mayoría a las otras partes del sumario, «a un largo proceso judicial y al mantenimiento de medidas cautalares que se prolongarían excesivamente en el tiempo». «Razones de agilidad y equidad procesal aconsejan por tanto la formación de piezas separadas», argumentan.

Los fiscales también advierten de que la magistrada deberá suspender la tramitación de la causa si considera procedente elevarla «en su totalidad» a favor del órgano competente, salvo la de aquellas diligencias «cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta». El sumario de los ERE, cuya instrucción cumple tres años y medio, suma ya 300.000 folios y 201 imputados.