La Fiscalía dice a Alaya que el tribunal competente en el 'caso ERE' es el Tribunal Supremo
Insiste a la magistrada en hacer piezas separadas del sumario por razones de "equidad y agilidad"
Maria Dolores Tortosa
Lunes, 28 de julio 2014, 14:27
La Fiscalía anticorrupción ha respondido a la jueza Mercedes Alaya que el Tribunal Supremo es el competente en el caso de los ERE fraudulentos, una ... vez que la magistrada se ha topado en su investigación con la posibilidad de aforados implicados. El escrito conocido esta mañana cumple con el plazo de un día para su respuesta requerido por la magistrada, que esta misma semana podría elevar el sumario al alto tribunal. Los aforados a los que señala Alaya en el caso son: los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; y los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y José Antonio Viera. Dado que Chaves, Griñán y Viera están aforados por el más alto tribunal, el Supremo, la remisión de Alaya debe dirigirse a este. Los otros aforados lo están por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de menor rango.
En el escrito los fiscales insisten a la magistrada en separar el sumario en varias piezas, como ya hizo el pasado marzo. En concreto, Anticorrupción propone a la magistrada que haga una pieza separada por cada expediente de ayuda socio laboral o ayuda directa a empresa, salvo las que haya conectividad entre ellas; otro sobre las sobrecomisiones pagadas en la mediación de estas ayudas; y una última relativa al llamado 'procedimiento específico', es decir por el sistema administrativo para pagar las ayudas que la jueza considera ilegal y por el que hay imputados una cuarentena de cargos y altos funcionarios de la Junta, además de señalados como tales los aforados.
Los fiscales esgrimen "razones de agilidad y equidad procesal" para aconsejar "por tanto la formacion de piezas separadas". Entienden que hay una doble velocidad en la instrucción, pues mientras el llamado procedimiento específico está casi acabado, no ocurre así con las ayudas a empresas, de las que apenas hay investigadas una parte ínfima. Los fiscales advierten de que se alargaría "excesivamente" el procedimiento de personas imputadas y sus medidas cautelares.
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