El Poder Judicial respalda la actuación de Mercedes Alaya ante el Parlamento andaluz

Manuel Gracia elevó una queja al Poder Judicial al entender que se podrían vulnerar la división de poderes. Gracia quiso conocer si la jueza pretendía «investigar al Parlamento, a una comisión o a los diputados», algo que no puede hacer dada la inviolabilidad de la Cámara y de sus diputados, según el Estatuto de Autonomía. La instructora no tiene potestad para investigarles por estar aforados.

En la conclusión, divulgada por el Parlamento, el órgano de gobierno de los jueces señala que, tras solicitar un informe a la propia jueza sobre sus pretensiones, queda conforme en que su finalidad «no es, en ningún caso, derivar responsabilidad al Parlamento andaluz».

El Consejo también recuerda que las discrepancias con las resoluciones de la jueza pueden canalizarse a través de «los recursos y medios de oposición que prevén las leyes procesales, en los plazos y con los requisitos que las mismas establecen».

Pero en una cuestión «estrictamente jurisdiccional» como ha planteado el presidente del Parlamento, «no puede llevar ninguna actuación de carácter disciplinario». El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, calificó de «respuesta satisfactoria» la del Consejo.

La Intervención del Estado ya concluyó en respuesta a la petición de Alaya de que el Parlamento no pudo conocer las irregularidades en las ayudas ni el fraude de los ERE, porque la terminología utilizada en las leyes de presupuestos es «críptica, imprecisa y generalista».