La fiscalía del 'caso ERE' señala al exsecretario general de UGT Fernández Sevilla

En concreto, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra indican en el escrito que, conforme al artículo 132.2 1 del Código Penal, se dicte resolución contra Fernández Sevilla y otros dirigentes de UGT y CC OO, a cuyas centrales sindicales consideran responsables civiles subsidiarios por esta ayuda que estiman fuera de la legalidad y en las que ambas participaron como mediadoras.

También entienden que deben ser imputados por la citada ayuda los directores generales de IDEA Antonio Valverde y Miguel Ángel Serrano; los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y la técnica María José Rofa. Todos ellos ya figuran como imputados en el sumario.

Anticorrupción insiste en pedir piezas separadas por cada una de las ayudas sociolaborales a empresas (las que la Junta daba para que estas indemnizaran prejubilaciones de sus trabajadores) en contra del criterio de la jueza.

Sobre la ayuda a Altadis autorizada en 2005, los fiscales consideran que esta, que debía abonarse en plazos anuales de siete millones desde 2006 a 2008 y de cinco millones en 2009, es una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la "obligación de pago legalmente" de los compromisos laborales por rescisión de contrato corresponde a los empleadores. "La Junta de Andalucía se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa", dicen los fiscales como advertencia que también podrían aplicar al resto de ayudas.

Los fiscales sostienen que en esta subvención "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que a tenor de la legislación podría considerarse "nula de pleno derecho".