Alaya envía a la Guardia Civil a la Junta a por expedientes de los cursos

El pasado verano, Alaya abrió una causa separada de los ERE relativa a supuestos delitos en cursos de formación para el empleo con cargo a la Junta de Andalucía relacionados con UGT y el entramado de empresas del 'conseguidor' Juan Lanzas. La magistrada decretó el secreto de sumario sobre las diligencias por las que realizó un registro general a la sede del sindicato. Luego perdió parte de la investigación a favor del juzgado nueve de Sevilla, que investiga todo lo relacionado con el sindicato UGT y las facturas falsas. Sin embargo, recientemente ha recibido en el reparto de las nuevas investigaciones de la Fiscalía sobre irregularidades en los cursos de formación de la Junta lo relativo a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En concreto, investiga para concluir si hubo fraude en las subvenciones de los años 2008 y 2009 en los que la citada fundación recibió 45 millones para cursos de formación.

Notificación

Alaya remitió a la Consejería de Educación y Cultura el pasado viernes un requerimiento reclamando una documentación ya solicitada. La administración andaluza le puso a su disposición documentos vía telemática, si bien la jueza tuvo que insistir en que proporcionara las claves informáticas para acceder a ella. En este ir y venir de los juzgados a las dependencias de la Junta, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la jueza Alaya recibieron ayer la orden de ésta de entregar una notificación a la Junta para que se le entregara documentos específicos que no se le habían enviado. Los agentes se personaron por la mañana en el despacho del director general de Formación, Carlos Cañavate, que ya le tenía preparada parte de la documentación. Los agentes ya han empezado a citar como testigos a funcionarios sobre los cursos de formación, según Europa Press.

Bueno Lidón también se suma al silencio

El expresidente de El Monte José María Bueno Lidón se acogió ayer a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada de los ERE Mercedes Alaya. Bueno Lidón compareció ante la jueza apenas cinco minutos, los que tardó en leerle un resumen de los delitos que le imputa por haber participado en 26 reuniones de los consejos rectores de la agencia IFA-IDEA que aprobaron 60 ayudas a empresas que considera ilegales.

Bueno Lidón se sumó así al silencio de los siete altos cargos de la Junta que han desfilado desde el lunes por el despacho de Alaya. El exbanquero no hizo, sin embargo, ninguna alusión a la incompetencia de la magistrada en esta parte de la instrucción por haber señalado aforados en ella, como sí han hecho algunos de los imputados. También se acogió a su derecho a no declarar la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís. Otros dos cargos citados, Rafael Herrera Gil, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004, y Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales con el PA, no acudieron por distintos motivos.

Queja de la Prensa

Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) remitió ayer una queja a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la jueza Mercedes Alaya por el incidente este martes con un periodista que cubre la información de los ERE.

La jueza Alaya ordenó a la Guardia Civil retener y analizar el contenido del teléfono móvil de un periodista de 'La Razón' al entender que podría haberle grabado. El periodista estaba cargando el móvil en un pasillo cerca del despacho de la jueza.

La magistrada «interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado», explica la APS. «Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas», advierte.