Alaya persigue «determinar» la responsabilidad de los aforados antes de elevar el caso al Supremo

Alaya es consciente de que de nuevo vuelve a señalar a exconsejeros de la Junta que ahora son diputados y por tanto escapan a su instrucción. Pero insiste en practicar nuevas diligencias y se escuda para ello en el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de agosto del pasado año que le dio carta blanca para «apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación».

Alaya considera que los integrantes de los consejos rectores de IDEA incurrieron en delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad documental por «la inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones» y la ausencia de «fiscalización» al aprobar el pago de «unas subvenciones presuntamente ilegales», en referencia a las ayudas directas concedidas a empresas, casi todas de Sevilla.

La jueza bordea otra vez el límite permitido. En concreto hace reiterada referencia al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, como presidente desde 2004 hasta 2009 del consejo rector de IDEA (antes IFA), la agencia pública que pagaba las ayudas directas a empresas y las prejubilaciones de la Consejería de Empleo merced a un convenio y un procedimiento que la jueza considera ilegales. También alude a Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, exconsejeros de Empleo, Hacienda y Economía, los dos últimos como vocales de los consejos rectores. Todos ellos son diputados en el Parlamento andaluz y por tanto escapan a su fuero.

Pero lejos de dejar ir el caso a instancias judiciales superiores, sostiene como necesaria la práctica «de diligencias indispensables» para profundizar en la investigación del consejo rector de la agencia con la finalidad de «determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad» de algunos de los aforados señalados en el auto del 18 diciembre que fueron vocales o presidentes del consejo rector», en clara referencia a Vallejo, Ávila, y Aguayo.

En el caso de Vallejo las alusiones en el auto son numerosas. Señala que los convenios entre Empleo e IDEA presuntamente ilegales fuero «por expresa indicación del consejero o viceconsejero de Innovación al director general».

La relación de nuevos imputados -25 en total, citados a declarar desde el lunes 19 de mayo, entre ellos el director del PTA, Felipe Romera, que lo hará el viernes 23- parte de la investigación de las ayudas al tándem Rosendo-Sayago de la Sierra Norte. En esta la jueza destaca las declaraciones de dos exdirectores de la agencia imputados, Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar. Este último cuenta que sugirió a Francisco Vallejo suprimir el convenio con Empleo ante los continuos déficit presupuestarios que provocaba en la agencia. Asegura que Vallejo «decidió además de continuar el convenio marco, no cambiar el criterio acerca de no someter a aprobación del consejo rector las ayudas sociolaborales».

Francisco Mencía, por su parte, declara que está «totalmente seguro de que tanto el señor Viera, Antonio Fernández y Guerrero tenían relación con los empresarios beneficiarios».

La Fiscalía anticorrupción ha demandado a la Audiencia de Sevilla mediante un recurso que obligue a la jueza a trocear y remitir el sumario que señala a aforados al Tribunal Supremo sin dilación. El recurso aún no ha llegado a la Audiencia, ya que Alaya ha solicitado a las partes su opinión. La mayoría de abogados de la defensa prefieren que no se trocee la causa.