Alaya vuelve a imputar a Lozano y Aguilera, quienes cuestionan que sea competente para ello

Los excargos de la Junta se acogieron a su derecho a no declarar, pero a diferencia de otros acusados que también han utilizado esta vía, Lozano y Buenaventura quisieron explicar a Alaya que no lo hacían porque «ya no es competente» para investigarles y se podría conculcar sus derechos a un juez predeterminado por la ley, en este caso del Tribunal Supremo.

Se apoyan para cuestionar la competencia de Alaya en los escritos de la Fiscalía Anticorrupción del 31 de marzo y 10 de abril pasados en los que instan a la magistrada a dividir el sumario en piezas y elevar parte al Tribunal Supremo al estimar «agotada la investigación en esta sede judicial» sin dirigir el procedimiento «contra algunas de las personas que gozan de fuero».

La Fiscalía se refiere tanto al auto de la magistrada de diciembre pasado señalando como preimputados a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, como al atestado de la Guardia Civil en el que se señala al exconsejero de Empleo y ahora diputado José Antonio Viera como parte esencial en la concesión de ayudas a empresas consideradas fraudulentas por la jueza. Alaya no puede investigar a los aforados. Abogados de la causa, entre ellos el propio Mohedano, advierten de una posible nulidad si la magistrada insiste en no dejar ir el caso al Supremo sin dilación.

Lozano y Aguilera no están aforados, pero al haber diputados que pueden ser imputados por la misma causa, el alto tribunal tiraría de todo. La magistrada rechazó la petición de la Fiscalía de trocear el sumario porque puede originar sentencias contradictorias. El Ministerio Público recurrió a la Audiencia, que al final decidirá si Alaya debe elevar o no el caso al Supremo sin dilación.

Reforzada

Alaya se siente ahora más «reforzada» que nunca tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de mantener la imputación a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. En los escritos de imputación a Lozano y Aguilera, la jueza insiste en ver delitos penales en los que fueron responsables de las leyes de presupuestos de una década por «consentir» y «no impedir» un procedimiento, el de las transferencias de financiación, para el pago de las ayudas a empresas a través del IFA-IDEA. La magistrada considera ilegal este sistema porque se concedían ayudas de forma opaca y saltándose la ley de subvenciones, lo que propició desfases millonarios en las partidas y el fraude.

Cita en el escrito de acusación a Magdalena Álvarez y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández además de Lozano y Aguilera como los responsables «de introducir» el crédito (al IFA) de las transferencias de financiación para después otorgar subvenciones sin control. Omite curiosamente los nombres de Griñán y Viera que también fueron consejeros de Hacienda y Empleo, respectivamente, en el mismo tiempo que Lozano fue director general.

Segarra ha distribuido entre los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla las investigaciones que abrió la fiscalía superior andaluza por distintas ayudas a la formación para el empleo. Dado que la juez Alaya ya investiga los ERE financiados por la Junta y los cursos de formación organizados por el imputado Juan Lanzas, la fiscalía entiende que también debe investigar los 49,5 millones de euros que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en los años 2009 y 2010.

Segarra entiende que al existir dos procedimientos abiertos en Sevilla sobre los fondos destinados a la formación, "no es procedente que se aperturen nuevas diligencias de investigación, por entender que los hechos expuestos en el decreto del fiscal superior se encuentran incluidos dentro del ámbito de sus respectivas investigaciones".