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Organizaciones sociales reclaman mayor protección para las víctimas de trata

Madrid, 23 sep (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Proyecto Esperanza han reclamado mayor protección para las víctimas de trata, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
CEAR reivindica el reconocimiento de la trata de personas como motivo de protección internacional y muestra su preocupación por la situación de las víctimas de trata en España, explica en un comunicado.
"Frente a la legislación actual, más orientada hacia la persecución de las mafias en detrimento de la protección de las víctimas, CEAR reivindica que se reconozca la trata de personas con fines de explotación sexual como motivo para poder solicitar asilo y protección internacional", reclama la organización.
El proyecto Esperanza Adoratrices ha pedido la aprobación de una ley integral contra la trata de personas, "que permita afrontar esta grave violación de derechos humanos de forma coordinada y eficaz".
Esta organización de asistencia a las víctimas "hace un llamamiento a que el estado español incremente sus esfuerzos para garantizar la identificación, la protección efectiva de derechos y la reparación del daño sufrido por las víctimas".
Desde el PSOE, la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, ha exigido al Gobierno "mayor eficacia y políticas audaces para combatir la trata, incorporando recursos para apoyar a las víctimas y a las organizaciones especializadas que trabajan con ellas".
Ha explicado que el objetivo de su grupo es una ley "que establezca mecanismos adecuados para la prevención y la sensibilización social, que refuerce la persecución del delito de oficio y que actúe evitando la publicidad de servicios en los que haya personas traficadas".
UGT también apoya la puesta en marcha de un plan de lucha integral y propone reforzar el papel de la inspección de trabajo para la detección de estas situaciones.
El sindicato plantea que en la reforma del Código Penal se incluya la tipificación como delito de la demanda de servicios de una víctima, como un instrumento indispensable para la prevención y la lucha contra este comercio de seres humanos. EFE
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