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El hotel (izquierda) y el bar de copas están en inmuebles colindantes. :: Yhasmina García
Un empresario lleva a la Fiscalía el cierre de su pub tras la queja del hermano de una concejala
málaga

Un empresario lleva a la Fiscalía el cierre de su pub tras la queja del hermano de una concejala

Pide que se investigue si el Ayuntamiento prevaricó al clausurar el local por exceso de ruido «beneficiando» al hotel que regente el familiarde Gemma del Corral

FRANCISCO JIMÉNEZ

Lunes, 24 de febrero 2014, 12:39

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Después de varios meses de batalla administrativa, el cierre de un bar de copas de la avenida de Príes decretado por el Ayuntamiento de Málaga el pasado mes de noviembre por sobrepasar los niveles de ruido va camino de los tribunales. El responsable del local (Príes Disco Lounge) ha denunciado ante la Fiscalía un presunto «trato de favor» por parte del Área de Medio Ambiente hacia el hotel colindante, que fue el que presentó la denuncia que motivó la intervención municipal, porque uno de los tres socios del establecimiento es hermano de la concejala Gemma del Corral. Por ello, solicitan al Ministerio Público que investigue por si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación por parte municipal y otro de tráfico de influencias en el caso de los responsables del hotel (La Casa Azul).

Tal y como informó este periódico (ver SUR, 22/11/2013), Medio Ambiente decretó el cierre temporal (no ha vuelto a abrir) del bar de copas después de que en las mediciones acústicas realizadas un sábado por la noche en una habitación del hotel se constatara que el volumen de la música superaba en 22 decibelios (dB) el límite de inmisión (ruido en el interior de un inmueble procedente de un emisor exterior) fijado para este supuesto, que es de 30 dB en horario nocturno. Además de la clausura, se inició un expediente sancionador que podría desembocar en una multa de entre 12.001 y 300.000 euros por la comisión de una infracción muy grave, al rebasar el tope en más de 6 decibelios.

En el escrito presentado ante la Fiscalía el pasado viernes, el empresario asegura que desde su apertura en mayo de 2012 «la explotación se realizó sin ningún tipo de incidencia digna de mención» hasta la puesta en marcha del hotel en septiembre de 2013, fecha desde la que, según relata, ha sufrido «un acoso reiterado por parte del Área de Medio Ambiente». Sobre la contaminación acústica, alega (como hizo administrativamente) que el ruido de la discoteca penetra en el inmueble anexo porque ambos comparten techo y no existe una medianera que los separe en la última planta, por lo que entienden que las molestias que se pudieran generar responden a que el hotel no está aislado completamente. Una circunstancia que a posteriori ha podido comprobar el Ayuntamiento y que, de hecho, ha propiciado la apertura de otro expediente sancionador al hotel por una falta leve (desde 600 a 3.000 euros) y el requerimiento de que sus gestores adopten las medidas correctoras necesarias para mantener vigente la calificación ambiental favorable. Lo que no contemplan es la anulación de esta autorización, como reclaman los responsables de la discoteca.

«A pesar de haber denunciado las deficiencias mencionadas y que se ha falseado la documentación, no hacen nada y lo dan por válido porque ya la calificación ambiental se otorgó favorablemente, por lo que están beneficiando de forma clara al negocio regentada por el hermano de la concejala», afirma el denunciante, quien agrega: «Resulta cómico que conociendo el incumplimiento permanezcan abiertos por los mismos motivos por los que cerraron mi actividad. El hecho objetivo es que existe ruido porque no hay medianera en la parte superior de ambos edificios».

La discoteca estaba antes

En este sentido, además de quejarse de que se procediera al cierre en vez de precintar el equipo de música, también critican «la sorprendente celeridad» en la tramitación y, sobre todo, que se clausure un local con licencia desde 1993 (aunque con distintos arrendatarios) cuando «en caso de incompatibilidad, deberían haber denegado la nueva licencia».

Este periódico se puso en contacto con Gemma del Corral, quien aseguró no tener conocimiento de la denuncia. En cualquier caso, la edil responsable de los distritos Centro y Teatinos negó «cualquier participación en expedientes que competen a otras áreas municipales» y se limitó, de momento, a esperar lo que determine la justicia.

Ahora, debe ser la Fiscalía la que decida si admite a trámite la denuncia y, en caso afirmativo, la que inicie una investigación de los hechos. Si durante las pesquisas detectara indicios o evidencias de que se ha podido incurrir en algún delito, procedería a abrir diligencias. En caso contrario, archivaría el caso.

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