Los padres de la menor transexual toman la decisión de cambiarla de centro

La familia está estudiando emprender acciones legales contra el colegio San Patricio por "ofrecer un trato indigno" a la niña

R. APARICIOMálaga

La familia mantiene que la situación era ya "insostenible" y cada día que pasaba en el centro iba en detrimento de la menor. La familia de Gabi, la menor transexual de siete años que estudiaba en el colegio San Patricio de Málaga, ha tomado la decisión de cambiar finalmente a la niña a otro centro educativo. Ayer viernes fue su último día de clase y el próximo lunes día 3 de marzo continuará el curso escolar en otro colegio según adelantaba esta mañana el diario Málaga Hoy. "Los padres se han visto obligados a trasladarla porque estaba recibiendo un trato indigno. No estaban respetando su dignidad. Los padres solo querían que la trataran como una niña más y el centro la estaba tratando como si tuviese alguna enfermedad. Tenía un trato de género neutro", explicó a SUR.es esta mañana el abogado de la familia, Oliver Roales.

El letrado, que está estudiando las posibilidades legales del caso para demandar al colegio, asegura que se han visto obligados al traslado de la menor forzados por la postura de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, que nunca llegó a obedecer las instrucciones dadas por Educación ante las peticiones de la familia: No la debajan usar el baño de las niñas, ni llevar la falda del uniforme, ni tampoco la consideraban en documentación con el género con el que la menor se siente identificada. "Tenía que usar el baño de minusválidos. La tenían como un caso especial de género neutro. La niña estaba sufriendo", apunta el abogado quien recuerda que la familia tiene un informe psicológico que acredita que no se trata de una cuestión pasajera. "Ni es un capricho, ni está influenciada por nadie", puntualiza Roales.

El abogado mantiene además que la familia matriculó a Gabi en ese centro porque comparte su ideología. "Tanto en un centro público como privado como concertado, los menores tienen derecho a la educación y a ser tratados dignamente y, en este caso, no ha sido así", sentencia.