La Junta tramita un expediente para segregar el municipio de Serrato

En concreto, se trata de los expedientes de San Martín del Tesorillo, que pretende segregarse de Jimena de la Frontera (Cádiz); Montecorto y Serrato de Ronda (Málaga); Játar y Fornes de Arenas del Rey (Granada) y Domingo Pérez de Granada y Dehesas Viejas ambos de Iznalloz (Granada).

Valderas ha informado en su comparecencia en comisión parlamentaria del estado de cada uno de los expedientes, que se están tramitando conforme a lo establecido en la Ley de Autonomía Local (Laula) y en coordinación con los municipios matrices.

Ha insistido en la defensa de la autonomía local y ha denunciado las "trabas" de la Ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local puesto que no permite segregaciones de núcleos de menos de 5.000 habitantes.

No obstante, ha expresado su confianza en que las limitaciones de la norma "no sean un freno para el reconocimiento y la capacidad de autogobierno".

Valderas ha dejado claro que, a pesar del "estrecho margen" de maniobra, la Junta irá en la dirección que ha seguido hasta ahora sobre la base de "autonomía y defensa del municipalismo".

Por otra parte, ha analizado con "detenimiento" en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales cómo afecta la nueva ley reguladora de la Administración Local, que incide de forma especial en las competencias locales y provinciales.

En este sentido, se articula un "complejo sistema" de prestación de servicios mínimos obligatorios para municipios de menos de 20.000 habitantes y se dota de "un gran protagonismo" a la figura del Interventor local.

Asimismo, la ley se aplicará con "modulaciones importantes" en función del territorio donde se efectúe y establece exenciones para las entidades locales que cumplan las exigencias normativas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en cuyo caso podrán evitar los "efectos más traumáticos" que se derivan de estos incumplimientos.

Otros "impactos singulares" que se desprenden de la ley son, en caso de incumplimiento, la obligación de formular planes económicos-financieros de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Hacienda; y calcular las entidades locales antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan.

También la prohibición de adquirir, constituir o participar las entidades locales dependientes de nuevos organismos, sociedades y otros entes similares mientras dure su plan económico-financiero o el plan de ajuste.