Anticorrupción pide más de 200 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín

En la trama están acusadas 49 personas, entre ellas el exjefe del servicio de arquitectura de la Diputación

MONTSE MARTÍNMÁLAGA

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que sobrepasan los mil años de cárcel para los 49 imputados en la trama de corrupción urbanística destapada en el municipio de Alcaucín en 2008, encabezada por el exalcalde José Manuel Martín Alba, que se enfrenta a más de 200 años de cárcel. La mayoría de los imputados (27) son empresarios dedicados a la promoción urbanística, aunque también están acusados seis funcionarios municipales y de la Diputación Provincial de Málaga, entre ellos el exjefe del Servicio de Arquitectura del ente supramunicipal; siete arquitectos, además cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos y dos familiares del exregidor.

Según una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, en el escrito de calificación se describen hechos acaecidos entre 1999 y 2010, en los que los acusados presuntamente cometieron 90 delitos de falsedad ideológica cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento de Alcaucín, la Diputación de Málaga y el catastro inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes. También se imputan 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares, atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido falaz destinados a expedientes municipales o catastrales. Igualmente la Fiscalía detalla la comisión de 10 delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al secretario municipal de Alcaucín; 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos; 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales.

Buena parte de dichas infracciones aparecen definidas como delitos continuados, englobando en cada caso los diversos documentos falsos, resoluciones arbitrarias o construcciones irregulares de cada trama, pues las diversas acciones responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores.

Al tratarse de hechos anteriores a la reforma introducida en el Código Penal en 2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares, explica el comunicado.

También se ha formulado acusación por 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.

Las pruebas básicas proceden de los registros practicados en febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcaucín, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en un estudio de arquitectura de Málaga y en un despacho de abogados de Alcaucín. Según el comunicado de la Fiscalía, hubo que profundizar en la investigación analizando de forma exhaustiva las bases de datos del Catastro y practicando, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación de Málaga.

Tan prolongada actividad delictiva, explica la nota, se sitúa en los años del auge urbanístico, que el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable del planeamiento general aprobado en 1995. Ese fenómeno hizo que se multiplicaran las infracciones urbanísticas y que al mismo tiempo el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable, que finalmente no prosperaron gracias a nuevas normas de planeamiento supramunicipal con que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.

Construcciones clandestinas

Así fue como proliferaron las construcciones clandestinas, por un lado a base de viviendas unifamiliares aisladas en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones prohibidas en la legislación urbanística; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que sistemáticamente se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con el resultado caótico que se refleja en la calificación.

También se aprovecharon fallos del sistema, destacando en tal sentido tanto los numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, siempre gracias a la colaboración de funcionarios. Esta última modalidad aprovechaba ciertas fisuras que permitían introducir subrepticiamente en las bases de datos catastrales edificaciones que no existían en la realidad, unas veces como viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el impuesto de bienes inmuebles; y otras con la fraudulenta inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, que tampoco respondían a la realidad. Estas manipulaciones pasaban desapercibidas al no existir ningún mecanismo que pudiera detectarlas, y de esa forma se generaban unos derechos edificatorios o expectativas urbanísticas carentes de cualquier título legítimo. En muchos casos el resultado final fue la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe.