Los empresarios Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo, absueltos

El tribunal no considera acreditado que aportaran dinero a la caja B del exasesor y los exonera del delito de cohecho del que se les acusaba

HÉCTOR BARBOTTA MÁLAGA

Los empresarios procesados en el 'caso Malaya' han corrido una suerte dispar en la sentencia, aunque las condenas superan a las absoluciones. El tribunal ha considerado que 12 de los 30 procesados no han cometido delito alguno. Entre ellos se encuentran Cristóbal Peñarroya y Tomás Olivo, que han sido exonerados.

El constructor Peñarroya, dueño del grupo hotelero Holiday World y del complejo turístico Benalbeach, y promotor de La Reserva de Marbella, se enfrentaba a una petición fiscal de dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un supuesto delito de cohecho.

La acusación esgrimía contra él un supuesto pago de 35.000 euros a Juan Antonio Roca basándose en una anotación que aparecía en los archivos informáticos de Maras Asesores, la empresa del exasesor de Urbanismo. El apunte contable decía exactamente: «RVA de Marbella Villarroya».

Para el fiscal, se trataba de una aportación del constructor relacionada con una promoción inmobiliaria de Peñarroya y atribuía la diferencia en el apellido a un fallo del contable. La sala, sin embargo, considera que no se ha acreditado que se trate de un «mero error» en la transcripción y, por tanto, no se ha probado que dicha aportación la realizara el acusado, por lo que quedó absuelto.

En su página personal (www.cristobalpenarroya.com), el promotor colgó ayer un post, poco después de conocer la sentencia, en el que reitera su inocencia y se queja de las irregularidades en la instrucción. «Por fin mi familia y yo podemos decir adiós al 'caso Malaya'», concluía.

El empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, también ha quedado exonerado de toda culpa, pese a que el fiscal solicitaba una pena de cinco años de prisión y 4,8 millones de multa.

La acusación contra él se apoyaba en una operación inmobiliaria en la que Olivo compró el Edificio Institucional de Puerto Banús por 8.366.088 euros. El mismo día -el 20 de julio de 2005- aparece una anotación de entrada de 1.800.000 euros en la contabilidad de Roca. El tribunal no considera probado que Olivo realizara esa aportación.

También han sido absueltos los hermanos Ignacio y Manuel Sánchez-Dalp, empresarios taurinos que se enfrentaban a dos años de prisión cada uno; el malagueño Francisco Zambrana, propietario de Alzambra, una urbanización situada junto a Puerto Banús; y el conocido promotor gaditano Manuel Lores, que es presidente del Racing Portuense.

Por el contrario, las penas más severas han sido para los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, socios de Roca en varias operaciones inmobiliarias, que han sido condenados a seis años, tres meses y un día de prisión y multas superiores a cuatro millones de euros.

El tribunal considera probadas las aportaciones de dinero de la inmobiliaria Aifos a la caja B de Roca, que según el archivo de Maras ascenderían a 4,8 millones de euros entre 2004 y 2006. La sala ha impuesto penas de tres años de cárcel y multa de 2,2 millones por cohecho y fraude para el dueño de la empresa, Jesús Ruiz, y dos de sus directivos.

El constructor José Ávila Rojas y el expresidente del Sevilla José María González de Caldas también han sido condenados. El granadino ha sido hallado culpable de cohecho y blanqueo, por los que se le ha impuesto una pena de tres años de prisión -de los diez que pedía el fiscal- y 11,5 millones de multa. El empresario sevillano, por su parte, ha sido condenado a ocho meses por cohecho.