Juzgarán por desórdenes públicos a 17 policías locales que irrumpieron en el Ayuntamiento

Las protestas por el conflicto laboral que enfrentó a la Policía Local con el Ayuntamiento de Málaga por los recortes salariales incluidos en el plan de ajuste municipal llegarán a juicio. Los diecisiete agentes que fueron expedientados por la toma simbólica de la Casona del Parque el 29 noviembre del año pasado serán juzgados el próximo 9 de octubre por faltas de desórdenes públicos y desobediencia. La vista tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital.

El asunto tiene su origen en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Málaga ante la Fiscalía a principios de este año. En la documentación se aportaron los expedientes disciplinarios incoados a a 17 policías locales que presuntamente participaron en la ocupación del Consistorio. En ellos se concluía que los funcionarios que lograron acceder al edificio consistorial pudieron incurrir en una presunta infracción penal al considerar que lo hicieron a la fuerza, puesto que los compañeros que estaban de servicio intentaron frenarles cerrando la puerta principal.

El expediente señalaba también que durante los diez minutos que estos agentes permanecieron en el hall del edificio profiriendo gritos contra el alcalde, Francisco de la Torre, no se produjeron enfrentamientos con los funcionarios que estaban uniformados, ni se registraron daños en el mobiliario. El asalto simbólico tampoco obligó a interrumpir el pleno municipal que se estaba celebrando en la primera planta del edificio.

Transcurrido ese tiempo, los propios policías abandonaron de forma pacífica el inmueble por la puerta lateral, que da a la calle Roma, entre los aplausos del centenar de funcionarios que continuaban su protesta en la calle. De los 17 agentes expedientados, 14 están afiliados al Sip-An, dos a la UPLB y uno a UGT.

Tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento, la Fiscalía observó indicios de infracción penal y trasladó el caso al juzgado.

No ocurrió lo mismo con el expediente a 34 agentes por los incidentes ocurridos el día de la inauguración del alumbrado navideño en el que un grupo de agentes que estaban protestando aprovecharon el acto para abuchear a concejales del PP, algunos de los cuales tuvieron que refugiarse en una cafetería, donde fueron custodiados por policías uniformados. En este caso, la Fiscalía no vio un comportamiento ilícito en el proceder de los policías locales y archivó el asunto, por lo que el expediente disciplinario fue retirado.

Manuel Troyano, secretario general del sindicato Sip-An, espera que el juicio acabe sin consecuencias para los agentes. «No se interrumpió el pleno, ni se causaron daños. Hubo un fallo de seguridad; se abrió la puerta principal y algunos de los que se estaban manifestando en la calle entraron. No se forcejeó. Ya dentro, siguieron gritando las consignas. No se entiende como ha llevado esto la Fiscalía a juicio, porque no hay nada», afirma el representante sindical.