Los bancos perderán 180 millones al año en Málaga si se anulan las cláusulas suelo

Debe ser uno de los secretos mejor guardados: cómo afectará económicamente a los bancos la posible obligación de eliminar las cláusulas suelo que hasta ahora aplicaban, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo, que impuso una serie de requisitos que justificarían su anulación. Ante la negativa a ofrecer datos tanto por parte de Unicaja, que es la primera entidad financiera de Málaga, como del Banco de España, es necesario acudir a las asociaciones de defensa de los consumidores para lograr una composición de lugar de lo que ocurriría si, finalmente, la entidad reguladora impusiera el fin de este requisito en la provincia.

Entre estas tampoco existe un consenso total: Ausbanc estima en unos 150.000 el número de hogares afectados (lo que supondría casi la mitad de todos los créditos hipotecarios constituidos entre 2004 y 2012), mientras que Adicae eleva el cálculo hasta los 192.000. Del mismo modo, el exceso de cuota medio va desde los 1.200 euros al año, el más conservador, hasta los 2.000 euros. De manera que, sobre el escenario más optimista para la banca, estas dejarán de percibir del orden de 180 millones de euros anuales en la provincia, en caso de rescindir las cláusulas de todas las hipotecas en vigor.

En cualquier caso, tampoco es probable que algo así llegue a producirse, ya que el Supremo impuso seis «supuestos de opacidad» -de los que uno solo sería suficiente para invalidar el contrato- entre los que se cita la falsa apariencia de interés variable; el hecho de establecer un techo como contraprestación al suelo; no incluir ejemplos y no compararlo con otros productos de la entidad.

Con los informes realizados por las financieras que han comercializado préstamos con cláusulas suelo, el Banco de España deberá calibrar el impacto que tendría eliminarlas en sus cuentas de resultados, y determinar cómo deberán actuar para acatar la sentencia. De momento, y según los datos aportados por las asociaciones, hay unas 1.500 reclamaciones judiciales en curso de clientes de la provincia que esperan poder librarse de estas y rebajar así las cuotas que pagan por sus viviendas.