Más de 80.000 familias podrían sufrir una subida de la luz de hasta el 45% por la reforma energética

Hasta ahora han disfrutado de un descuento en el recibo de la luz que puede llegar a su fin. Más de 80.000 familias que se benefician actualmente del llamado bono social, que mantiene congelada la tarifa eléctrica desde 2009, podrían dejar de percibirlo en cuanto entren en vigor los cambios energéticos que plantea el Gobierno. Entre las modificaciones previstas en la reforma que ha puesto en marcha el Ejecutivo se encuentra el establecimiento de un límite de renta para que las familias numerosas o con todos sus miembros en paro, pensionistas con prestaciones mínimas y hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) con una potencia contratada inferior a tres kilovatios puedan acogerse a esta ventaja económica.

En la práctica esto supondría un encarecimiento de la factura de hasta un 45% de golpe y porrazo para quienes pierdan esta ventaja al ajustarse a los precios actuales, según advierte la Unión de Consumidores (UCE) de Málaga. La renta máxima, que hasta ahora no se exigía, rondará los 29.000 euros anuales en hogares de cuatro miembros, según un borrador remitido por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al que ha tenido acceso Efe. En él se establecen los siguiente umbrales de renta: 120% del salario mínimo interprofesional para el primer miembro de la familia (10.841 euros al año), el 70% del sueldo mínimo para el segundo (7.588 euros al año) y el 50% (5.420 euros al año) para los siguientes.

Esto dejaría fuera casi a dos tercios de los beneficiarios, a tenor de una estimación de la UCE. En la provincia malagueña, significaría que más de 80.000 familias se verían afectadas, ya que 121.524 usuarios tienen el bono social, según datos de Endesa. De estos beneficiarios, 11.153 tienen contratada una potencia inferior a los tres kilovatios; 1.685 son hogares con todos sus miembros en paro; 3.626 son familias numerosas y 5.060, pensionistas mayores de 60 años. A nivel nacional están acogidos unos tres millones de consumidores.

La propuesta establece que para poder acogerse o mantener esta tarifa social durante los próximos dos años se deberá acreditar que se cumplen estos mínimos de renta enviando la información correspondiente a la empresa comercializadora. Se permitirá además a Hacienda comunicar a la empresa eléctrica, «sin consentimiento del interesado», si se cumplen dichos mínimos.

Esta reforma ha provocado las críticas de las asociaciones de consumidores y también de las familias numerosas, uno de los colectivos beneficiarios del descuento. A juicio del presidente de la asociación que las agrupa en Málaga, Jorge Veintimilla, supondrá que la gran mayoría de los hogares con tres o más hijos -en la provincia hay registrados más de 14.000- tendrán que pagar mucho más por la luz que consuman. «Entendemos que hay que poner alguna limitación, pero no de forma que se deje al 60% de las familias fuera», apunta Veintimilla.

Actualmente, a los hogares con menos de tres kilovatios contratados la comercializadora les aplica el bono social automáticamente. En el resto de supuestos, sin embargo, sí es necesario presentar una solicitud para acogerse a esta medida, aunque en ningún caso se ponen límites económicos.

El paquete legislativo que conforma la reforma del sector supondrá también una subida de la factura eléctrica del 3,2% de media a partir de agosto. Este incremento permitirá aportar 900 millones de euros para contribuir a eliminar los 4.500 millones actuales de déficit tarifario -diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas de acceso a las redes y los costes reales asociados a dichas tarifas-. El decreto también estipula una reducción de costes por valor de 2.700 millones, mientras que los otros 900 millones pasarán a los Presupuestos Generales.

Se penalizan los pisos vacíos

El decreto energético, publicado la semana pasada el BOE, habilita al Ministerio de Industria para revisar los precios de los peajes que se cobran en la tarifa eléctrica por la potencia contratada y por la energía consumida con el fin de otorgar más peso al precio del término de potencia del contrato. Así, tal y como explica la UCE, se dará mayor relevancia al término fijo, que sube un 36%, mientras que el consumo cae un 40%. Esto conllevará una penalización a las segundas residencias y a las viviendas vacías, donde el consumo es menor o nulo.

El resto de normas pendientes de aprobar establecerán, entre otras cosas, un nuevo modelo de factura para el consumidor.