El caso Astapa cumple cinco años de instrucción y le queda otro

Con políticos y empresarios imputados como denominador común y el litoral malagueño como escenario de sus supuestas actividades delictivas, los casos Malaya y Astapa siempre han estado unidos, pero el primero ha motivado mucho más interés, no solo por la relevancia social y económica de algunos acusados, sino también por la trascendencia mediática de otros.

Pese a ello, la diversidad, naturaleza y entidad de los delitos que se investigan es en muchos casos similar.

En Astapa se investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Estepona y en el caso ya hay 109 imputados, el más conocido el exalcalde socialista Antonio Barrientos, pero además hay concejales, empresarios y técnicos municipales.

También la complejidad y el volumen en la instrucción de los dos casos se asemeja, pero nunca se ha dotado a la investigación del caso Astapa de los mismos medios materiales y humanos.

Esto ha ocasionado que muchos abogados personados en el procedimiento hayan denunciado en reiteradas ocasiones el retraso en la instrucción, el excesivo tiempo que, según las defensas, ha estado secreto, así como que se deberían haber realizado piezas separadas para no eternizar la instrucción.

Han pasado cinco años y todavía no se ha analizado toda la documental y el material intervenido, pese a que la Policía no ha cesado en su intento de investigar el ingente volumen de documentación intervenida.

La escasez de medios del Juzgado instructor, la policía judicial y la Agencia Tributaria está siendo un gran problema en la causa, ya que incluso no se permitía digitalizar el material intervenido en los registros y ello ha obligado a procesar la información de manera artesanal y mucho más lenta.

Mas de cien investigaciones patrimoniales, informes periciales, contrataciones del consistorio de Estepona e informes técnicos sobre convenios urbanísticos están siendo actualmente revisados, por lo que fuentes cercanas a la investigación han asegurado a Efe que al menos queda un año más de instrucción.

La esencia del caso es que el dinero de los convenios se usaba presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ello conseguían financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios.

La operación Astapa se destapó el 17 de junio de 2008 como consecuencia de la denuncia presentada por los concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez, y durante la intervención policial se produjeron las primeras detenciones.

Fueron enviados a prisión el entonces alcalde del municipio, Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del PES José Ignacio y Manuel Reina y un técnico municipal.

Entre los delitos que se investigan hay supuestos cohechos, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales, entre otros.