El febrero negro de Ávila Rojas

Definitivamente corren malos tiempos para el constructor granadino José Ávila Rojas, uno de los empresarios emblemáticos durante los años en el que el urbanismo de Marbella estuvo controlado por Juan Antonio Roca. Febrero ha sido especialmente negativo para el promotor, considerado en la instrucción del 'caso Malaya' como socio de Roca, aunque él mismo se define a sí mismo como el principal perjudicado por el ese proceso.

Ávila Rojas ha sufrido una doble derrota judicial. Primero, al negarle el juzgado su pretensión de continuar con el dominio del solar del Francisco Norte, antiguo emplazamiento del campo de fútbol de Marbella y actualmente de un aparcamiento subterráneo que ha sido adquirido por una empresa para su explotación.

Esta venta, realizada por el anterior propietario, el Banco Popular, estuvo paralizada durante meses debido a que Ávila Rojas se negaba a ceder la posesión en reclamo de ser compensado por trabajos realizados en el recinto antes de venderlo por 18 millones de euros.

El contencioso se resolvió en los juzgados, que ordenaron que se entregara el pleno dominio a la entidad bancaria, lo que permitió que ésta lo vendiera a una sociedad participada por el futbolista Sergio Ramos.

Pero eso no ha sido todo. La semana pasada, la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una de las empresas de Ávila Rojas, Haviland Proyectos Inmobiliarios, a devolver a la comunidad de propietarios de La Reserva de Alvarito una parcela de 400 metros situada en la esquina noroeste de la urbanización.

La sentencia considera que la sociedad de Ávila Rojas incurrió en publicidad engañosa al incluir como zona de equipamiento de la urbanización -concretamente jardín y aparcamientos al aire libre- una porción de terreno que posteriormente fue desgajada para la construcción de un chalé independiente, actuación que además se llevó adelante sin la correspondiente licencia de obras.

«Fue tras iniciarse la construcción y venta de los inmuebles del complejo residencial cuando la promotora disminuyó la parcela original en la zona noroeste, sustrayendo del conjunto la superficie destinada a aparcamientos y zona ajardinada», asegura la sentencia.

Según el escrito, la promotora no puede ofrecer una serie de servicios y equipamientos comunes del conjunto para aumentar el precio de los pisos y después sustraerlos, lo que reduce el valor de los inmuebles.