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EUROPA PRESS
Domingo, 11 de noviembre 2012, 13:16
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha citado a declarar este lunes de nuevo a tres de los imputados en el caso 'Goldfinger', en el que se investiga a una veintena de personas, entre ellas el actor Sean Connery, su mujer, el exalcalde marbellí Julián Muñoz, el exasesor y presunto cerebro de la trama de corrupción en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca; exediles y abogados de un despacho de Marbella.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se cita a declarar a dos letrados de ese despacho marbellí, que habría "representado los intereses económicos" del actor y su mujer en Marbella y que habrían constituido parte del entramado societario que se investiga, y a una tercera persona, en relación con un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre la inspección a sociedades y personas físicas investigadas.
Así, dicho informe abordaría la investigación realizada de 2005 a 2007 por supuestos delitos de defraudación a la Hacienda Pública, por impuesto de sociedades, en el caso de la empresa By the Sea; del año 2004 en lo que respecta a otra sociedad; y las inspecciones ejecutadas por presunta defraudación a la Hacienda Pública por IRPF de 2006 a 2008 respecto a las personas que han sido citadas a declarar este lunes.
Este procedimiento tiene su origen en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella. Inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento marbellí, con Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta la promoción denominada Malibú.
Posteriormente, tras informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, se inició una nueva línea de investigación sobre dicha promoción, que produjo según la AEAT, unos 53 millones de beneficios; sobre operaciones en las que supuestamente habría intervenido este despacho marbellí y sobre el entramado societario creado.
Una de las conclusiones a las que llegaron los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que parte de esos beneficios, incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros".
De hecho, se han librado comisiones rogatorias a dichos países y a otros como Panamá, Estados Unidos, Países Bajos e Isla de Man. Asimismo, hay planteada por parte de algunas defensas una cuestión de competencia respecto de los hechos fiscales a favor de los juzgados de instrucción de Madrid.
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