"Cualquier acto médico, incluso el de información, éticamente no es neutro"

Sánchez Luque, quien ha recordado que a nivel autonómico el Consejo Andaluz de Médicos ya creó un registro de objetores de conciencia para dar respaldo colegial a los profesionales que así lo solicitasen, ha enjuiciado en declaraciones a Europa Press que "la misma información que un médico de familia pueda dar a una usuaria sobre la interrupción voluntaria del embarazo, éticamente no es neutro ya que entra dentro de la conciencia de cada profesional".

"El médico puede plantear que realmente -dando esa información- interviene en el proceso del aborto, por lo que entendemos que es totalmente lícito que alegan su objeción de conciencia", ha argumentado Sánchez Luque, quien ha dicho que desde la entidad colegial malagueña "consideramos que en estos casos el médico de familia sí interviene en el procedimiento del aborto".

Por su parte, el portavoz en Andalucía de 'Ginecólogos por el Derecho a Vivir', Esteban Rodríguez, ha mostrado también su "apoyo y solidaridad" a todos los médicos de familia "que luchan pacíficamente en defensa de la lex artis para que no se les obligue a implicarse directamente en ninguna de las fases (selectiva, consultiva, preparatoria o ejecutiva) de un proceso que conduce a la muerte de seres humanos y que lesiona la salud de la mujer".

En su opinión, "un Parlamento, un ministro, un consejero, un gerente o una sociedad científica no pueden erigirse en el dueños de la conciencia profesional de los administrados en una democracia, más aun cuando la objeción se fundamenta en razones científicas".

Así, a su juicio, la administración "no tiene derecho a convertirnos en piezas de una maquinaria ideológica, que, en contra de la deontología médica, sostiene que el médico tiene la obligación de facilitar la muerte cuando se le solicite"

"Facilitar la destrucción de la vida humana u omitir el deber de socorro frente a un ser humano en riesgo de morir a causa un procedimiento abortivo, no forma parte de las funciones de ningún médico", ha denunciado el portavoz de esta asociación, quien ha recordado que fue el primer objetor en los tribunales a los programas de diagnóstico prenatal vinculados al aborto.

Además, ha opinado que "ante leyes o programas institucionales que tratan de subvertir la ética médica, lo mínimo que debe hacer un médico es plantear la objeción de ciencia y, si ésta no se tiene en consideración, recurrir a la objeción de conciencia como derecho fundamental que debe ser respetado en cualquier Estado de Derecho".

Por ello, ha calificado de "gran noticia" el que los tribunales andaluces "hayan reconocido de nuevo la suspensión cautelar", toda vez que ha aludido a la resolución 1763 del Consejo de Europa "que establecía que ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar, colaborar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que pueda causar la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón".

De la misma manera, ha concluido, "reconocía que el derecho a la objeción debe ser garantizado por el Estado, que también deberá garantizar las prestaciones legales, pero de ninguna manera se puede obligar al médico a ser el garante de la prestación".