El juez impone a López Viejo una fianza civil de 750.000 euros

El magistrado Antonio Pedreira, instructor del 'caso Gürtel', impuso ayer una fianza civil de 750.000 euros al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, a quien el martes acusó de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

Tal y como ocurrió con el diputado del PP Benjamín Martín Vasco, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la petición de Anticorrupción, que propuso la caución como garantía de su posible responsabilidad civil, al considerar que hay indicios de que las corruptelas del aforado popular pudieron provocar daños cuantiosos a las arcas públicas.

Según el tribunal, la fianza, que es recurrible en el plazo de cinco días, tiene como objetivo «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes». Si el diputado regional no abonara la caución no irá a la cárcel, pero el tribunal pondrá en marcha un proceso para embargar bienes de su propiedad por valor de un 30% superior a esos 750.000 euros.

López Viejo, acompañado por su abogado, llegó a la sede de la Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las 11.40 horas sin hacer declaraciones. Su silencio se prolongó delante del juez Pedreira. El diputado se acogió a su derecho a no responder que establece el artículo 24 de la Constitución. Tal y como hicieran sus dos compañeros parlamentarios aforados, Alfonso Bosch y Benjamín Martín, aseguró al magistrado que no contestará a sus preguntas hasta que se levante el secreto del sumario del 'caso Gürtel'.

El que más cobró

La garantía económica exigida por el instructor Pedreira a López Viejo es ligeramente inferior a los 955.000 euros impuestos a Martín Vasco, a pesar de que, según la investigación del juez Garzón, el ex consejero de Esperanza Aguirre fue, de entre los parlamentarios madrileños, el que más dinero cobró en sobornos: 563.000 euros entre noviembre de 2004 y febrero de 2007.

Según la investigación de Garzón, López Viejo, que el pasado martes fue suspendido temporalmente de militancia en el Partido Popular como el resto de parlamentarios regionales imputados, fue la pieza clave de la corrupción en la Comunidad Madrid.

El ex consejero utilizó sus cargos en el Gobierno autonómico, entre ellos la Viceconsejería de Presidencia, para favorecer a las empresas de Correa en todo tipo de concursos públicos, especialmente a las firmas Servimadrid Integral y Easy Concept. Su especialidad era la adjudicación directa de contratos al entramado corrupto, siempre por valor menor de 12.000 euros para evitar que la oferta saliera a concurso público. López Viejo, a quien Aguirre también nombró responsable de Organización del partido en Madrid y le encomendó la presidencia de la Comisión de Empleo de la Asamblea, habría recibido de manos de los hombres de confianza de Correa al menos siete sobres con cantidades que oscilaban entre 6.000 y 100.000 euros.

El juez Pedreira imputó los mismos seis delitos de corrupción a los otros dos acusados que ayer declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Antoine Sánchez, en la cárcel desde el 12 de febrero, y el empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez.