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ROSARIO FLORES
Sábado, 27 de septiembre 2008, 04:30
La empresa CTSA-Portillo, integrada en el Grupo Avanza, mantendrá al menos hasta 2013, en que vence el convenio suscrito en marzo de 2005 con el Consistorio marbellí, la concesión del servicio del transporte urbano. El grupo municipal popular logró ayer gracias a su mayoría absoluta que el pleno del Ayuntamiento rechazase una propuesta del PSOE para anular esta concesión administrativa, pese a que Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno, admitió sin tapujos que el servicio que presta la empresa «no es el que merecemos ni al que aspiramos en la ciudad».
Desde las filas populares, justificaron su oposición a este punto en que el rescate de este servicio sería «inviable e irresponsable». Primero, por el elevado coste de la operación: unos seis millones, y segundo, por que se dejaría a la ciudad sin transporte urbano, mientras se resolviera dicho procedimiento.
Así Romero reconoció que aunque las mejoras introducidas han generado ciertos «desajustes», que tratan de corregir, la resolución de esta concesión requiere, además de una causa justa, el pago de una indemnización -por los beneficios hasta el final de la adjudicación-, la adquisición de una flota de vehículos -que supondría un gasto de 2,4 millones de euros para 16 autobuses- y la subrogación de los 43 trabajadores de Portillo (cuyo gasto en nóminas asciende a unos 860.000 euros al año).
Para el grupo socialista, sólo cabe anular dicha concesión, ya que, según explicó el edil Antonio Martín, Portillo desatiende el pliego de condiciones en lo relativo al estado de limpieza, higiene y seguridad de los vehículos; el incumplimiento del horario, frecuencia y cobertura geográfica y la prevención de riesgos laborales. Además, aludió a la presunta alteración por parte de la concesionaria del 20 por ciento del presupuesto inicial cuando el 15 de marzo de 2005 firmó un convenio «leonino y perjudicial» con el Ayuntamiento por el que, según explicó Martín, se le entrega una parcela de 3.000 metros cuadrados de superficie y se le reconoce una deuda de dos millones de euros y de 179.000 euros en intereses. «La concesión es absolutamente ilegal», sentenció Martín.
Réplica
La respuesta del equipo de gobierno no se hizo esperar. Su portavoz Félix Romero apremió a los concejales del PSOE a que mediaran con el Gobierno central para que le condonaran a Marbella la mitad de la deuda de 13 millones de euros que tienen que afrontar a finales de año con Seguridad Social; y también con la Junta para que obligue a Portillo, a la que adjudicó el servicio interurbano de la Costa, a mejorar la línea San Pedro-hospital, criticada por los usuarios.
En materia económica, el grupo popular sacó adelante, merced a su mayoría absoluta, dos mociones para instar a las administraciones central y autonómica a una reforma urgente de la financiación local y a rechazar la disminución de los ingresos prevista por las transferencias del Estado en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. En cambio, la moción de Susana Radío, portavoz socialista, para rebajar el sueldo de los cargos de confianza -que en algunos casos superan los 100.000 euros al año- hasta equipararlos a los de un edil con dedicación exclusiva no prosperó. La medida se incluía junto a otras -como la congelación de los sueldos de ediles con dedicación exclusiva y parcial y de las partidas presupuestarias por asistencia a plenos y comisiones informativas- en un plan para hacer frente a la crisis económica.
Su propuesta no salió adelante por el voto en contra de los populares. ¿El motivo? Según la teniente de alcalde María Francisca Caracuel, ya han reducido los sueldos y reducido los gastos dentro del plan de austeridad puesto en marcha desde el inicio de la legislatura y que tendrá su reflejo en los presupuestos de 2009.
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