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MÉDICOS. Carlos González-Vilardell en su despacho. SUR
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS

Carlos González-Vilardell: «No se puede desconectar sin más a cada paciente que lo solicite»

Considera inapropiada la forma en la que el Gobierno andaluz ha presentado el proyecto de la denominada Ley para una Muerte Digna

A. MONTILLA

Domingo, 7 de septiembre 2008, 03:48

No le ha gustado ni la forma ni algunas cuestiones esenciales del fondo. El proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte seguía siendo ayer -cinco días después de que fuese aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno- una incógnita para él. El doctor Carlos González-Vilardell, que es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, tiene muchas dudas y una convicción: presentarán enmiendas contra esta norma durante su tramite parlamentario.

¿Ha logrado ya formarse una oposición más general de lo que significa esta Ley?

La verdad es que no. El mismo miércoles por la tarde me llamó un alto cargo de la Consejería de Salud y, entre otras cuestiones, me dijo que me iba a mandar antes de hoy -por el viernes- para que pudiésemos analizarlo con más tiempo de cara a presentar alegaciones en el Parlamento. De momento, seguimos sin el anteproyecto

¿Usted cree, más allá del fondo del documento, que existía un debate social que obligase a legislar sobre la muerte digna?

El tema es extremadamente delicado. Y no es un asunto para que se haya puesto en la calle de la manera como se ha presentado. Tal vez este sea el momento que más le interese a la administración para abordar este debate, pero no me ha parecido prudente que se haya filtrado parcialmente, sobre todo en lo relacionado a las sanciones a los médicos. Se ha creado una alarma innecesaria por utilizar términos como el de el ensañamiento con el paciente. Esperemos que la Ley diga cosas más interesantes.

¿Le ha molestado especialmente lo referido al supuesto ensañamiento terapéutico?

El profesional médico tiene una formación ética y deontológica de primer nivel, ya existen mecanismos para que no se produzca un ensañamiento, como son los comités de ética hospitalarios, la segunda opinión médica o las propias comisiones deontológicas de los colegios de médicos, que funcionan a diario a nivel provincial y autonómico, pero insisto, yo no conozco ni un sólo caso de ensañamiento terapéutico y ya son muchos años de profesión. Existen personas en estado vegetativo y conectadas a aparatos, siendo muchas veces el juez el que interviene y dictamina si se desconecta o no a una persona, es decir, que ya existen mecanismos para estos casos.

La consejera de Salud ya ha adelantado que el paciente podrá pedir que se le retire un tratamiento, aunque el médico crea que pone en peligro su vida

En la actualidad ya existe en todos los hospitales comités éticos que analizan todos estos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de los Testigos de Jehová, que se niegan a las transfusiones de sangre y hemos tenido que acudir a la justicia para poder administrar sangre a un menor. Me imagino que este anteproyecto de Ley quiere dar soluciones a cuestiones como esta, pero habrá que ver cómo se ejecutan dichas soluciones, si dejando toda la responsabilidad a los médicos o dejando que lo asuman los jueces.

¿En la sanidad andaluza se dan de forma habitual casos como el de Inmaculada Echevarría?

Este caso parece ser el centro gravitatorio de esta Ley, de hecho, la propia Junta lo ha puesto como ejemplo. Yo sólo conozco este caso y el de Ramón Sampedro, aunque en este caso no es que se le retiraba un tratamiento, sino que se le proporcionó una forma de morir a través del veneno. En el caso de Echevarría, la polémica radicaba en quién le retiraba la asistencia. La cuestión es que esta Ley va a obligar al médico a hacer determinadas cosas que tendremos que analizar, porque nuestra ética no está por esa misma línea, por la de que sea el médico quien retire la asistencia. También la puede retirar el juez o un familiar llegado el caso. Y menos si el médico esta bajo la presión de ser sancionados con una multa que, para empezar, obligaría a cambiar otras leyes dada su elevada cuantía. Y, por encima de todo ello, está el derecho constitucional del médico a la objeción de conciencia. Pero insisto es que estamos hablando en hipótesis, hasta que no se conozca el resultado final de la Ley.

Pero el anteproyecto cercena la objeción de conciencia del facultativo y da más valor a la decisión del paciente

Pero esa decisión del paciente nunca debe ser unilateral. No siempre se puede hacer lo que diga el paciente, debe haber alguien que juzgue si ese deseo se debe o no llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que podemos tener pacientes con momentos puntuales de depresión, una enfermedad que provoca uno de los mayores índices de suicidios. Y la depresión se cura. Hay que analizar todas las circunstancias, porque no se puede desconectar sin más a todo aquel que diga 'oiga, yo quiero que me desconecte'. Hay que analizar caso por caso. Primero, saber si el caso se ajusta a la Ley; segundo, quién va a cumplir la voluntad del paciente.

Los gobiernos de Cataluña y Valencia ya han expresado que no les gusta el modelo andaluz, porque ellos abogan por una relación más de consenso con los médicos. ¿Cómo son en la actualidad las relaciones entre los galenos andaluces y la Junta?

Más que profesionales, son relaciones laborales entre una empresa, en este caso la Administración, que contrata a unos profesionales para que trabajen para el Servicio Andaluz de Salud. Nada más. La Junta quiere ir por delante de otras comunidades en varios aspectos médicos y algunas de sus decisiones no son secundadas por otras comunidades autónomas. Por ejemplo, la colegiación no obligatoria para que el trabaja en la sanidad pública; los modelos de hospitales como los CHARE; las jubilaciones de los médicos, que en Andalucía son a los 65 años y en otras comunidades se pueden prolongar hasta los 70; la homologación de títulos que se están contratando médicos especialistas que no tienen aún esos títulos homologados o en la prescripción de medicamentos por otros personales sanitarios que no son médicos.

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