El silencio administrativo permite ocupar un bloque en San Pedro que la Junta quería demoler

Las 61 viviendas, en la avenida Mediterráneo, están en dos edificios construidos en una zona de parques y jardines

M. J. CRUZADO
JUNTO AL MAR. El edificio (al fondo de la imagen) linda con Los Magnolios. / JOSELE LANZA/
JUNTO AL MAR. El edificio (al fondo de la imagen) linda con Los Magnolios. / JOSELE LANZA

Los desmanes urbanísticos que durante años se han producido en Marbella están provocando ahora situaciones paradójicas con edificios a los que se les está concediendo judicialmente la licencia de primera ocupación cuando la licencia de obra está recurrida en los tribunales. Es el caso de Promociones Los Jardines de la Costa, dos bloques con 61 viviendas ubicadas en la avenida del Mediterráneo de San Pedro Alcántara, construidos en zona verde según el PGOU de 1986 de Marbella, aún vigente, y el nuevo, pendiente de aprobación. Es uno de los ejemplos que la Junta de Andalucía ha puesto al Ayuntamiento de Marbella como edificios que deben ser derruidos por haberse levantado al amparo de licencias ilegales durante la 'era GIL', dentro del acuerdo de adelantar la ejecución del actual planeamiento urbanístico.

De hecho, sobre el edificio, que ha estado precintado en dos ocasiones, pesan tres recursos contencioso administrativos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la licencia de obras, pendientes de resolución, dos de ellos de la Junta y un tercero de la comunidad de propietarios Los Magnolios, anexa al bloque, que se queja de la depreciación que han sufrido sus viviendas con la nueva construcción.

El Ayuntamiento de Marbella revocó días previos a la 'operación Malaya' la licencia de primera ocupación, otorgada por silencio administrativo meses antes. La promotora recurrió la decisión y ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Málaga le ha dado la razón. El fallo judicial, al que ha tenido acceso SUR, obliga a la actual corporación municipal a otorgar la licencia, una sentencia de 3 de junio que ya es firme puesto que el Ayuntamiento «no ha contestado en tiempo y forma».