Los detectives del colegio

Sus hijos se han quedado sin plaza en la escuela que habían elegido. Pero saben que otros niños irán al centro a pesar de no vivir en la misma zona. Algunos padres acuden a investigadores privados para destapar fraudes en la escolarización

TEXTO: AMANDA SALAZAR FOTO: ARCHIVO
PADRES CONTRA PADRES. Los progenitores descontentos contratan a detectives para demostrar que algunas familias cometen fraude./
PADRES CONTRA PADRES. Los progenitores descontentos contratan a detectives para demostrar que algunas familias cometen fraude.

NUEVE de la mañana. Una pareja sale con su hijo pequeño de un portal en una barriada malagueña de las afueras. Desde lejos, un individuo vigila sus pasos intentando no levantar sospechas. Hace fotos desde un vehículo. El perseguidor, un detective privado contratado por otros padres, recoge pruebas gráficas y documentales para demostrar que la familia no vive habitualmente donde está empadronada. Y todo para conseguir plaza para su hijo en un colegio que no les pertenece. Otros niños han quedado fuera por esta artimaña. Pero no todos los padres están dispuestos a dejarlo pasar. Precisamente, esta semana se sortean las plazas en los centros con mayor lista de espera.

Cada vez más progenitores descontentos llegan a contratar los servicios de investigadores para demostrar que otras familias han cometido fraude en el proceso de escolarización. Las empresas de investigación malagueñas han empezado a recibir en las últimas semanas casos con un perfil muy parecido: padres que sospechan de otros padres.

Colegios con tradición

«Estos casos pueden afectar a todos los centros escolares, pero lo cierto es que se multiplican en los colegios concertados con más renombre de la ciudad», señala Pilar Triguero, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CODAPA), quien denuncia que poco se puede hacer contra este engaño salvo denunciar si se tienen sospechas ante la Delegación de Educación.

«El fraude más habitual es el de familias que se empadronan en otra casa de parientes o amigos cerca de la escuela elegida y que no es su residencia habitual», explica Antonio Cereceda, director de la empresa ACME Investigaciones, quien achaca este abuso a la facilidad del empadronamiento. Con una factura de la luz o el teléfono basta, así que cualquiera puede censarse donde le interese. «Al final algunas casas cercanas a los centros con más fama se convierten en hoteles para conseguir plaza», indica Cereceda.

Por otro lado, según ACME Investigaciones, uno de cada tres casos por escolarización están relacionados con falsos divorcios. Los hijos de familias monoparentales reciben dos puntos más en la baremación. Dos puntos que pueden ser determinantes en el proceso de solicitud y que llevan a muchas familias a cometer verdaderas locuras.

«El divorcio exprés ha facilitado el fraude en cierta medida», admite Triguero, «cada vez es más normal que una pareja se divorcie en febrero, consiga un certificado temporal en marzo, justo a tiempo para la solicitud de colegios, y luego se reconcilie en abril».

Separaciones falsas

Es un divorcio que no se lleva a la práctica. Aquí es donde entran en juego los detectives, que son los encargados de seguir a estas parejas para recabar pruebas de que en realidad hacen vida en común. «Hay gente que es muy cuidadosa y aparenta muy bien, pero al final se descubre porque es imposible engañar a vecinos, compañeros de trabajo y amigos», comenta Cereceda. Según Pilar Triguero, el problema es que se está manipulando la ley. «La baremación incluye a las familias monoparentales, entendiendo éstas como familias donde el cuidado y manutención del niño recaiga en un solo individuo; es decir, que esta puntuación son para viudos con hijos, madres solteras, anulaciones matrimoniales y divorcios con renuncia de la patria potestad por una de las partes, pero en ningún caso un divorcio donde los dos padres mantengan al niño», explica. Otros padres llegan incluso a certificar enfermedades crónicas falsas para sus hijos.

Pilar Triguero afirma que no es necesario pagar a detectives privados para poder denunciar casos de fraude. Basta con presentarlo por escrito a Educación. Pero las investigaciones oficiales son a veces mucho más lentas que las oficiosas, no sólo por parte de la Delegación, sino por los ayuntamientos, que son quienes tienen los datos de empadronamiento y deben enviar a la Policía Local para comprobar si el domicilio es el habitual.

Por eso, las familias recurren a detectives privados. Cereceda asegura que tras encontrar pruebas del engaño, la mayoría de los casos se resuelve por la vía administrativa. Pero otros casos acaban en pleito. Un juicio que puede durar más de dos años y que no siempre acaba con una sentencia a favor de los denunciantes, según fuentes de la Delegación. José Nieto, delegado de Educación, desaconseja contratar a detectives privados cuando el asunto puede resolverse por el proceso normal. «Hay muchas leyendas urbanas sobre este tema, los padres deben denunciar sus sospechas ante Educación alegando cuestiones concretas», añade.

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