La Justicia ordena a Caja Madrid Bolsa y La Caixa pagar la 'factura' de Gescartera

Los cuatro mil inversores de la polémica agencia podrán recuperar los casi 88 millones invertidos, hecho inédito en este tipo de casos. El ex dueño de Gescartera y otros cuatro acusados ingresan en prisión

J. A. BRAVO
EN EL BANQUILLO. De izquierda a derecha, Antonio Camacho, Pilar Giménez, Jose María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardon, durante la lectura de la sentencia. / REUTERS/
EN EL BANQUILLO. De izquierda a derecha, Antonio Camacho, Pilar Giménez, Jose María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardon, durante la lectura de la sentencia. / REUTERS

Los cuatro mil ahorradores que confiaron durante la década de los noventa en Gescartera -entre ellos, la Iglesia y varias mutualidades-, atraídos por sus jugosas rentabilidades, podrán recuperar al final todos sus ahorros, hecho inédito en este tipo de casos, aunque aún deberán esperar dos o tres años más para ello. Esta es la principal consecuencia de la sentencia dictada ayer por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que condena a Caja Madrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios -en la práctica, además, casi los únicos solventes- del fraude perpetrado por los responsables de aquella polémica agencia de valores -cifrado por los jueces en 87,9 millones de euros-, que fue intervenida en junio de 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyos responsables de la época han quedado aquí exculpados.

El fallo, uno de los más voluminosos que se recuerdan en la historia del citado órgano judicial (592 folios), comprende la condena a ocho de los acusados que se sentaron en el banquillo -la mitad de los cuales tuvieron incluso que ingresar con urgencia en prisión ante el ahora creciente riesgo de fuga- y la absolución de otros seis, entre ellos Laura García-Morey, esposa de Antonio Camacho, ex propietario de la agencia. A este el tribunal le considera «el fundamental artífice y urdidor de la trama empresarial que condujo a la despatrimonialización de Gescartera», entidad a la que controlaba sin límite alguno. Por ello, le considera autor de sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por los que deberá cumplir once años de cárcel, si bien por el tiempo pasado años atrás en prisión preventiva y los beneficios penitenciarios podría acceder al régimen abierto en dos y a la libertad condicional en cinco.

Recursos

Pero esta era una noticia más o menos esperada por todos; no así la ya declarada responsabilidad civil de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, aunque la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones insistieron en ella durante los tres meses y medio que duró el juicio. Los magistrados les han dado la razón en primera instancia, si bien ambas entidades han anunciado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo (al igual que el resto de condenados) al sostener que su discutida actuación en este caso se ajustó «rigurosamente no solo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector». No piensan igual en la Audiencia Nacional, que incluso justifica su decisión en la jurisprudencia del propio alto tribunal (dos sentencias de 2007, una de 2005 y otra de 2004), lo cual, a priori, parece reducir las opciones de esos recursos.

Aseveran los tres jueces del tribunal del caso, presididos por Carmen González, que las entidades son responsables de los delitos o faltas cometidos por sus empleados (en el caso de La Caixa, los dos jefes de su sucursal en Majadahonda, José Castro y Miguel Prats, condenados ahora a tres años de cárcel). A ello se une el hecho de que no adoptaran las cautelas exigibles a cualquier entidad financiera, por ejemplo, respecto a las «cotidianas» extracciones de dinero que realizaron personas enviadas desde Gescartera sin documentación acreditativa alguna. O bien, caso de Caja Madrid, se firmaran contratos de subcustodia de valores sin informar a los clientes afectados.

Por todo ello, la Audiencia Nacional les considera responsables civiles «en el total de los perjuicios irrogados», y no sólo en la parte que la Fiscalía había calculado respecto a ellos. De esta forma, habrán de responder -con carácter subsidiario, aunque en la práctica es probable que les toque casi todo- por los citados 87,9 millones del déficit patrimonial de la agencia de valores, más los intereses legales devengados desde el inicio del proceso (hace ya siete años) hasta su final (cuando el Supremo resuelva, en unos dos años, los recursos presentados), lo que podría disparar esa suma por encima de los 140 millones de euros. De ellos, se sufragara el Fondo de Garantía de Inversiones, que adelantó parte de las indemnizaciones (26 millones).

La 'mano derecha' de Antonio Camacho en toda esta operativa fraudulenta fue José María Ruiz de la Serna (diez años y medio de cárcel), director general de la agencia y quien concibió con el primero «un plan tendente a ofrecer información opaca, sesgada e inveraz» sobre el estado contable de Gescartera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «a fin de ocultar su déficit». El tribunal no aprecia aquí corresponsabilidades en el regulador, pero sí abre la puerta a que las acusaciones se querellen contra el que fuera secretario de su consejo, Antonio Alonso Ureba, por posible falso testimonio ante su «llamativa» desmemoria.

Riesgo de fuga

Francisco Javier Sierra de la Flor (seis años y medio de cárcel) fue otro elemento clave de la trama para «adueñarse de parte de los fondos confiados y desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares», colaborando entre ellos para «mantener una situación aparentemente normalizada pero que en la realidad constituía una mera fachada».

Lo mismo puede predicarse, pero ya a menor escala, de Aníbal Sardón (nueve años), propietario de una asesoría vinculada a Gescartera, y Julio Rodríguez Gil (seis años), asesor fiscal. Los cinco tuvieron que ingresar en la prisión madrileña de Soto del Real ayer mismo, a petición del Ministerio Público, al estimar el tribunal que «la elevada penalidad impuesta ha agravado su riesgo de fuga», a lo que se une su «demostrada capacidad de distracción de grandes sumas de dinero».

Mención especial merece Pilar Giménez Reyna (condenada a tres años y seis meses de cárcel), la 'hermanísima', como la conocían en la agencia porque su hermano Enrique fue secretario de Estado de Hacienda (tuvo que dimitir por este caso). Pese a que ella declaró durante el juicio que se sintió como una «mujer objeto» porque era Camacho quien «hacía y deshacía», e incluso autocalificarse de «mero florero», los jueces advierten que en su condición de directora comercial (también fue presidenta, aunque sin poder ejecutivo) «no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes».

Fotos

Vídeos