Los juzgados de Málaga tramitan más de 200 causas contra Aifos por no entregar las viviendas

Varias sentencias obligan a la promotora a devolver el dinero a sus clientes y a indemnizarlos por daños morales Fuentes de la empresa aseguran que están solventando «muchos casos» con los usuarios a través de la permuta

MARINA POLONIO
ARRESTO. El presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, a su salida de los juzgados en 2006. / J-LANZA/
ARRESTO. El presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, a su salida de los juzgados en 2006. / J-LANZA

Los expedientes de la promotora con mayor impronta de la provincia copan buena parte de las estanterías de los juzgados de Málaga. Según la información que maneja este periódico, los órganos judiciales de la capital tramitan más de 200 procedimientos contra Aifos por incumplimiento del plazo de entrega de las viviendas objeto de la compraventa. Y es que son muchos los españoles y extranjeros que han invertido en las promociones de la inmobiliaria en toda la costa, donde se concentran estas causas.

Los primeros fallos contra la entidad, a los que ha tenido acceso este periódico, han condenado a la empresa a devolver el dinero a sus clientes, más los intereses legales que devengue tal cantidad, llegando a alcanzar incluso la friolera cifra de 329.000 euros. Pero órganos judiciales como el de Primera Instancia números 1 y 2 han ido más allá y han condenado también a la demandada a abonar cantidades específicas por los daños morales ocasionados a los adquirientes. De esta forma, los magistrados han entendido la «situación de angustia e impotencia» de las personas perjudicadas por las actuaciones de la inmobiliaria, según consta en un fallo.

Plazos

Sentencias de 2006 y 2007 evidencian que «las viviendas no han sido objeto de entrega», cuando en los contratos figura que las obras finalizarán en un plazo de 20 meses «desde la firma por el arquitecto del acta de replanteo». Así figura en el fallo dictado en diciembre de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia número 2, que condenó a Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A. a pagar a la parte demandante la cantidad de 329.508 euros en concepto de principal más intereses.

En otras ocasiones, «ni tan siquiera se había obtenido la licencia de obras». Así lo recoge otro fallo del Juzgado de Primera Instancia número 9, del pasado año, que señala cómo el usuario compraba en «la creencia de que, en aproximadamente dos años y medio desde la celebración del contrato privado, tendría la vivienda». De forma que la magistrada es consciente de que «lo que no puede pretender la parte demandada es vender y hacer uso de unas cantidades de dinero, sin establecer con un mínimo de garantías el plazo en el que va a entregar lo vendido». En esta ocasión, la jueza condenó a la promotora a abonar 92.742 euros.

Sin embargo, tal y como señala otra jueza del Juzgado de Primera Instancia en relación a un recurso de apelación de Aifos, la empresa «asume las consecuencias no sólo de esta deficiente y engañosa información, sino del contenido de las cláusulas contractuales que ella misma crea...». El fallo de la jueza desestimaba por tanto el recurso de Aifos y confirmaba la condena de 3.900 euros a pagar al demandante.

El despacho CYC Asesores defiende a muchos de los afectados por las actuaciones de Aifos, especialmente de Fuengirola, Málaga y Rincón de la Victoria. Uno de los letrados de este bufete ha asegurado que Aifos posee un patrimonio muy importante y que la entidad ha citado a sus clientes a escriturar las viviendas «cuando estaban declaradas ilegales». Además, ha confirmado los mismos datos que un portavoz de Aifos consultado por este periódico, que asegura que «mucho casos» se están solucionando con los usuarios mediante permuta.

«Incertidumbre»

Los jueces están teniendo cada vez más en cuenta en las sentencias los daños morales de los afectados. Así en concepto de estos perjuicios, los magistrados han exigido indemnizaciones que ascienden a 14.000, 25.000 y 35.500 euros, alegando que «los demandantes hubieron de soportar sufrimiento e incertidumbre». En otras ocasiones, se trata de «contribuir de alguna manera a sobrellevar el dolor y angustia de las personas perjudicadas por al actuar injusto, abusivo o ilegal de otro».

Además, el Juzgado de Primera Instancia también ha acordado embargos preventivos de bienes y derechos de la empresa. Testigo de ello es el abogado José Ramón Gutiérrez, del despacho Lawbird Legal Services, que según ha afirmado a este periódico han obtenido «muchos embargos», con lo que han conseguido que sus clientes cobren su dinero. Este despacho defiende a compradores que han tenido problemas con Aifos, sobre todo por viviendas que no se han construido todavía.

Por otra parte, este periódico tiene constancia de que se han llegado a acuerdos extrajudiciales después de que al menos una persona presentase una denuncia penal.

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